Trayecto accidentado

Jaime Barba

REGIÓN Centro de Investigaciones

La victoria electoral del 3 febrero de 2019, por su contundencia y por su amplitud, parecía sugerir que la fuerza política que se había hecho con el Gobierno moderaría sus ímpetus, dado que había descolocado a los partidos políticos tradicionales, y a los dos más grandes, sobre todo. No los había anulado ni sacado del ring político-electoral, como se ha querido asegurar.

El escandaloso ingreso del nuevo equipo gubernamental, tirando patadas ‘verbales’, amenazando sin ton ni son, ‘twiteando’ despidos y botando a la calle a muchos empleados públicos mostró el talante y el perfil de los nuevos inquilinos. Pero también puso a la defensiva a todos los actores políticos y a algunas de las instituciones que, por definición, no deberían dejarse intimidar: la Fiscalía General de la República y la Sala de lo Constitucional.

De hecho, frente a ese atropello inicial, donde con absoluta impunidad se vulneró, para comenzar, el derecho de audiencia (¡hay una ley de ocho artículos que regula esto!) de muchas personas que fueron despedidas de sus puestos de trabajo, ni la Fiscalía ni la Sala de lo Constitucional han podido responder con entereza y justicia. ¿Es que la legislación salvadoreña carece de mecanismos para cesar en sus labores a los empleados públicos? Por supuesto que no: todo está muy bien regulado. Pero el nuevo equipo gubernamental vislumbró que una victoria electoral como la obtenida daba para casi cualquier cosa. ¡Craso error de principiantes!

Ahora, con la intervención de la Fiscalía en varias instituciones públicas (y también proveedores de estas), a propósito del manejo de las compras durante la emergencia sanitaria, quizá la mesa pueda comenzar a ordenarse.

Si para la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil (que obstruyó los allanamientos fiscales) ha perdido credibilidad, hay que ponerse a pensar en el tipo de crisis institucional en la que estamos ya inmersos. Un Ejecutivo desafiante y enfebrecido lanzando cuchillos (a veces sin filo), unos funcionarios cara dura diciendo que la Fiscalía los atropella, pero que no son capaces de afirmar a voz en cuello que no es cierto, que ellos son inocentes. Un jefe policial que desacata los llamados de la Asamblea Legislativa. Un contralmirante que no ha leído bien la historia nacional reciente y ni siquiera ha meditado unos breves minutos con respecto al concepto de la obediencia.

Lo que sucedió el 9 de febrero de 2020 fue una tentativa —por parte de este confuso proyecto político que por ahora solo cuenta con el Ejecutivo— para darle volumen a la intimidación política. Pero todo salió mal: nadie les hizo caso; la convocatoria de masas en la calle, cerca del hemiciclo, fue raquítica y la reacción internacional no se hizo esperar. Además de la improvisación de este entuerto, como quedó claro después de las declaraciones del jefe del Estado Mayor Presidencial, quien fue convocado por la Asamblea Legislativa.

Después vino la emergencia sanitaria y el Ejecutivo se desbordó. En todo sentido: en lengua, en gestos, en actos.

Un hecho tan grave como la expansión de la covid-19, que amerita una serena reflexión filosófica y científica, acerca del modo de vivir humano en el planeta y su relación con las otras especies, se convirtió, en El Salvador, en el escenario de un desaforado intento por imponer, a raja tabla, lo que el equipo gubernamental suponía que había que hacer.

A una fuerza política que no tiene (ni quiere) aliados, porque se ha creído los cuentos de camino real de cierta narrativa difusa del ‘nuevo orden’, pues no le queda de otra que ir a darse con los dientes frente a la pared de los hechos reales en este su trayecto accidentado.

Si la Fiscalía ha realizado los allanamientos es porque hay fuertes indicios y evidencias de que se han cometido ilícitos durante la emergencia sanitaria.

Para los interpelados por esta acción fiscal, sorpresiva pero esperada, debería iniciar un complicado proceso judicial. Si todo es un ‘error’ de la Fiscalía y se desvanecen los hallazgos, que han de ser muchos, bien por los señalados, pero si las evidencias resultan demoledoras y la Fiscalía General de la República no judicializa este caso, pues también su credibilidad sufrirá merma.

Alea iacta est. Es decir: los dados están lanzados.

12 noviembre 2020

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