Gramsci y los partidos políticos

WALID TIJERINA

 

 

 

El 19 de julio de 1928 llegó a Turi, pueblo italiano ubicado en la ciudad de Bari. Ahí estaba la cárcel para opositores políticos que padecían alguna enfermedad crónica. Al momento en que llegó a la prisión, recibió su número de identificación de preso, 7047, y fue colocado en una celda con otros cinco presos políticos. Se le permitió escribir a sus familiares cada quince días, pero era el único momento y la única razón por la cual podía plasmar sus ideas o pensamientos en papel. El procurador del gobierno lo había dejado claro durante su audiencia final: «Debemos impedir que su cerebro funcione por los siguientes veinte años». No sería sino hasta enero del siguiente año en que Antonio Gramsci recibiría permiso (y materiales) para pensar en tinta y papel, y escribir lo que eventualmente se convirtió en sus Cuadernos de prisión.

Gramsci se había convertido en una piedra en el zapato de Benito Mussolini, el líder del gobierno fascista que se impuso en Italia a partir de 1922. ¿Y habrá mayor afrenta para los líderes autoritarios que negarles su ansiado lugar en la historia? Al llegar a la cima del poder en sus respectivos países, con un control sometido plenamente a sus propias voluntades, estos líderes parecen pensar que controlar la historia de sus países ha de estar también a su alcance.

     A lo largo y ancho del mundo, las figuras autoritarias se han alzado padeciendo esa manía de haber sido elegidos no solo por el pueblo como expresión de la soberanía del Estado, sino ya casi como expresión de una voluntad que contiene fronteras desdibujadas entre destino y voluntad divina. Por algo en la antigua China, en su época de Estados en Guerra (de 471 a 221 a. C.), los gobernantes y lores feudales con pretensiones de arrebatar tronos se apoyaban en los filósofos chinos: no solo les encontraban justificaciones a las barbaries mediante torturados argumentos filosóficos y los asesoraban en el arte de la guerra, sino que también manufacturaban árboles genealógicos para realzar la supuesta ascendencia divina de los gobernantes, vinculándolos con deidades locales que los hacían merecedores del trono.

     En el caso de Antonio Gramsci, que se opuso al gobierno fascista y, de pasada, proclamó a los cuatro vientos que Mussolini era sólo una caricatura frente a verdaderos estadistas. «Mussolini», declararía Gramsci, «solo tiene del estadista y del dictador algunas pintorescas poses exteriores; él no es un elemento de la vida nacional, es un fenómeno del folclore campesino destinado a pasar a la historia en la categoría de las diversas máscaras provinciales italianas y no en la de los Cromwell, los Bolívar, los Garibaldi».

     No es de sorprender entonces que cuando el yugo autoritario de Mussolini se afianzó sobre Italia, Gramsci fuera una de sus víctimas, uno de sus presos políticos. Décadas después, durante el auge del neoliberalismo, la obra de Gramsci tomó prominencia debido sobre todo a sus análisis constructivistas del Estado moderno y su «bloque hegemónico», expresado este último en las capacidades de clases dominantes de ejercer coerción sobre los demás, al mismo tiempo que logran construir consensos sobre el rumbo de la sociedad —en este caso, el neoliberalismo ha sido criticado como un producto ejemplar de un bloque hegemónico.

     Pero el bloque hegemónico de Gramsci y sus aportaciones constructivistas terminaron por quitarle las candilejas a otra de sus contribuciones analíticas: la resurrección del pensamiento de Maquiavelo y su enfoque en capacidades organizacionales mediante el «príncipe moderno». Una de las diferencias entre el pensamiento de Maquiavelo y de Gramsci es que Maquiavelo creía que el liderazgo lo proporcionarían personajes individuales, como los príncipes, mientras que Gramsci creía que el «príncipe moderno» debe ser colectivo y que, por esencia, es el papel transformador que debe jugar el partido político en el Estado moderno.

     En palabras de Gramsci, el príncipe moderno «no puede ser una persona real, un individuo concreto; solo puede ser un organismo, un elemento de sociedad complejo en el cual comience a concretarse una voluntad colectiva reconocida y afirmada parcialmente en la acción».

     Entre los cuadernos de Gramsci resuenan incluso los postulados de Max Weber sobre las fuentes y características de la autoridad, al hacer referencia a individuos «carismáticos» que, si bien pueden ser esa chispa que comience alguna transformación social, son incapaces de asumir e implementar esa plenitud de cambios exigidos por sociedades en cambio. Aquí es donde las capacidades organizacionales del partido político como institución se convierten en una pieza clave para formular, dirigir y ejecutar las estrategias pertinentes en beneficio de la colectividad.

     Y eso es algo que ha retomado recientemente fuerza en la literatura institucionalista. Las «coaliciones discursivas» o «comunidades epistémicas» necesarias para transmitir un nuevo mensaje de política económica y, después, implementar las políticas públicas consecuentes. Porque los cambios institucionales de fondo requieren de algo más que voceros carismáticos: en términos de Jurgen Habermas, debe existir un puente entre la «acción comunicativa» y la «acción estratégica» para lograr los objetivos trazados en el ámbito público.

     Y es un tema que también contemplaba Huntington respecto a las funciones organizacionales y formadoras de los partidos políticos, convirtiéndose en plataformas que depuren a los candidatos a integrar el gobierno bajo criterios de coherencia, objetivos compartidos y capacidades técnicas. Sí, tal vez la individualidad del candidato presidencial o candidato a gobernador sea quien se lleve los votos y proponga esas primeras chispas de cambio, pero su gabinete será el encargado de acompañarlo en los procesos de política pública, robusteciendo a esta última con cualidades que hayan hecho destacar a esos integrantes dentro de sus partidos políticos y que los hayan llevado a formar parte, eventualmente, de dicho gabinete.

     En la actualidad, sin embargo, hemos tenido mucha evidencia de príncipes carismáticos, agitadores de entusiasmos polarizados, pero poca o nula evidencia de ese «príncipe moderno» y colectivo al que hacía alusión Gramsci. Además, estos príncipes carismáticos han sido foráneos (outsiders) de los partidos políticos tradicionales. Y al ser ajenos a cualquier organización política coherente, generalmente tienen problemas al momento de formar sus equipos de gobierno. En el caso de la administración de Donald Trump, por ejemplo, llegó a un récord de 34 % de servidores públicos de alto rango que dejaron su puesto original dentro del gabinete —desde jefes de Oficina Presidencial hasta el jefe de la Oficina de Prensa o el asesor de Seguridad Nacional—. Como referencia, su antecesor, Barack Obama, tuvo solamente 9 % de dimisiones o cambios de puesto en su primer año.

     Las mismas dinámicas se han reproducido en este lado de la frontera. La disrupción de López Obrador del establishment político al postularse con su partido de reciente creación, Morena, lo llevó a tener sus propias dificultades al momento de pasar de campaña a un gobierno en busca de cambios ambiciosos. La relación entre el presidente López Obrador y los titulares y mandos medios de su gobierno, además, ha estado plagada de diferencias y fricciones que también han ocasionado numerosas renuncias.

     En julio de 2019, por ejemplo, el otrora secretario de Hacienda Carlos Urzúa renunció a su puesto al alegar que muchos de los funcionarios impuestos en puestos económicos claves carecían de conocimientos técnicos. Aparentemente, la gota que derramó el vaso y llevó a Urzúa a presentar su renuncia, fue el Plan Nacional de Desarrollo: tras décadas ya en que dicho Plan era estructurado y consultado por la Secretaría de Hacienda con el apoyo de expertos, lo cual realizó el propio Urzúa en los primeros meses de 2019, este último se enteró que el presidente había decidido reemplazar dicho documento con uno de su propia redacción. En palabras de Urzúa, el documento de autoría del presidente y que finalmente se presentó como el Plan Nacional de Desarrollo «no era un plan, sino un manifiesto político».

     Además del propio secretario de Hacienda, López Obrador ha tenido que aceptar las renuncias de dos titulares ya de la Semarnat, del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y de numerosos puestos claves más en dependencias como la Comisión Reguladora de Energía, la jefatura de la Oficina de la Presidencia, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otras. A la fecha, entonces, esa voluntad colectiva y organizacional que contemplaba Gramsci como requisito para las grandes transformaciones sociales ha estado ausente en la Cuarta Transformación y estuvo ausente también en esa transformación, ahora truncada, cuyo objetivo era supuestamente devolverle la grandeza a América.

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