Bitácora electoral 13

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN CENTROAMERICANA

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Entre 1931 y 1984, solo militares fueron los presidentes de la república en El Salvador. Y esto es una impronta que ha dejado una grave lesión en el imaginario colectivo. Es más, los 13 años que Maximiliano Hernández Martínez estuvo al frente del gobierno central constituyen –dada la desmemoria y la tergiversación en la comprensión histórica– una especie de ‘modelo’ de la estabilidad política que se necesita. Es decir, si todos obedecen al que se sienta en el solio presidencial, el país saldrá adelante. Un axioma añejo que riñe con la necesaria disensión política. Y ahora que las próximas elecciones para la Asamblea Legislativa y para concejos municipales están por realizarse, y que todos los sondeos de opinión sugieren que Nuevas Ideas las ganará ambas, cae por su peso que la herencia autoritaria (¡que nunca se fue!) de Hernández Martínez reaparecerá, con nuevos bríos, con una lengua más viperina, aunque con un escenario económico plagado de obstáculos por todos lados.

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Aunque desde antes del fin de la guerra hubo tres presidentes civiles, Álvaro Magaña, Napoleón Duarte y Alfredo Cristiani, lo cierto es que el mando militar impuso siempre sus reglas a la gestión política. Lo de Magaña, presidente provisional, a la sombra de la Fuerza Armada durante muchos años, casi que fue el presidente de los militares, entre 1982 y 1984. Duarte, uno de los fundadores del Partido Demócrata Cristiano a inicios de la década de 1960, y excandidato presidencial ganador en 1972 (pero perdedor por el escandaloso fraude electoral practicado por el PCN, el vehículo en aquel entonces del ‘sistema militar’), fue el primer presidente civil como resultado de elecciones desde 1931, y durante el período 1984-1989 mantuvo un oprobioso pacto con la cúpula militar, con el beneplácito norteamericano, y nunca pudo sacudirse la tutela. Fue un rehén, pero también fue un cómplice del proceder castrense. Cristiani, que llegó a la presidencia de la república en 1989 aupado por la recomposición conservadora (¡con discurso liberal!) después del descalabro de 1979, y que el partido ARENA canalizó con eficacia, no sin contramarchas. Cristiani, quien no provenía de las filas de la pétrea resistencia ‘anticomunista’ y por lo tanto no era fundador de ARENA (más bien había probado suerte, a inicios de la década de 1980 en el pequeño partido Acción Democrática), por la red empresarial de la que formaba parte y por la habilidad de su cercano equipo de trabajo, ingresó a ARENA, fue diputado de la Asamblea Legislativa entre 1984 y 1988, y ese año su candidato presidencial. Es decir, a diferencia de Magaña y de Duarte, contaba con mayor autonomía frente a la Fuerza Armada, y esto se hizo patente, cuando desde el primer momento de su gobierno llamó a negociaciones con el FMLN. Al lanzar el FMLN, el 10 de noviembre de 1989, su más importante ofensiva, el 16 de noviembre, y al experimentar cierto desasosiego y peligro inminente por la fuerte presión militar del FMLN, el alto mando militar hizo gala de su discrecionalidad en la estructura de poder, y mandó asesinar a Ignacio Ellacuría, los otros jesuitas y sus dos colaboradoras, mostrando que había decisiones que solo ellos tomaban y que de ese modo rechazaban toda iniciativa negociadora. Esa acción criminal, y por la que fue condenado en juicio, en España, el exviceministro de Seguridad Pública de aquel momento, Inocente Montano, puso a la Fuerza Armada como pieza de sacrificio en las negociaciones que acabaron con la guerra el 16 de enero de 1992. Aunque fueron juzgados y amnistiados los autores materiales de los asesinatos del 16 de noviembre de 1989, el alto mando militar aguantó las represalias. Y aunque un poco después algunos militares fueron enviados a retiro, la impunidad se impuso.

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En los gobiernos encabezados por Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca la Fuerza Armada debió bajar su perfil y su protagonismo políticos, sobre todo con Calderón Sol y Flores, porque fue el lapso de ejecución de los acuerdos negociados para poner fin a la guerra. Ya con Saca, la Fuerza Armada se movió hacia la guerra, de nuevo, pero en Irak, al formar parte de un contingente de la llamada coalición internacional comandada por Estados Unidos y que apabulló a la antigua Babilonia. De hecho, Saca hizo un viaje (¡publicitario!) secreto adonde estaba la tropa salvadoreña.

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Pero es con los dos gobiernos del FMLN que los militares amagan con el protagonismo político. La cúpula castrense encabezada por David Munguía Payés (¡por 10 años!) y con vocería en los asuntos públicos y también desplantes de tropa en algunos momentos, inician el retorno de la Fuerza Armada a la cuestión política. No es ningún secreto que Munguía Payés formó parte del agrupamiento Amigos de Mauricio, y que respaldó, en ese sentido, la campaña presidencial de Mauricio Funes, y fue una de las personas de su confianza. Y por eso no es extraño que se encuentre detenido y señalado por la Fiscalía General de la República por la comisión de varios delitos, entre ellos, peculado.

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Lo que ahora se observa en la cúpula de la Fuerza Armada, encabezada por Francisco Merino Monroy, es la concreción de un pacto político con el nuevo gobierno, y donde ya no se disimula que se tiene ese pacto. Es decir, la herencia de Hernández Martínez está por completo activada. El resultado electoral del 28 de febrero próximo, que de seguro será favorable a Nuevas Ideas, reforzará el posicionamiento político de la Fuerza Armada, echando por la borda uno de los logros fundamentales que pusieron fin a la guerra en 1992.

16-1-2021