El gobierno de Romero Bosque ante la Gran Depresión
GABRIEL ESCOLÁN
Los debates sobre las implicaciones financieras generadas por la Gran Depresión comenzaron a plantearse en El Salvador a inicios de 1930, bajo el gobierno de Pío Romero Bosque, cuando se publicó un editorial del Diario de Guatemala en el que se analizó la situación enfrentada por los países centroamericanos, señalando que la crisis de liquidez experimentada se debía a la corrupción extendida en los gobiernos, acusando a los funcionarios de cometer abusos y hacer manejos fraudulentos de las rentas públicas, burlando las leyes y actuando criminalmente. Estas actuaciones calificadas de asquerosas se apuntaron como la causa principal de la inestabilidad financiera en Centroamérica, pues los escándalos producidos por la corrupción provocaban la desconfianza de los prestamistas y estimulaban las especulaciones crediticias.
El rápido deterioro exhibido en las finanzas públicas fue socavando el margen de acción del Gobierno, que era ya bastante limitado por el problema de la acumulación anual de déficits que habían elevado considerablemente la deuda del Estado. Como la caída del ingreso público amenazaba con hacer más grave el desequilibrio financiero, el gobierno de Pio Romero Bosque se vio forzado a adoptar medidas que en última instancia desplazaron la carga de la crisis sobre la clase trabajadora aumentando los impuestos al consumo.
La cuestión de la reorganización del sistema fiscal incluyó el conflicto entre el Gobierno y la oligarquía, que se organizó a través de la originalmente llamada Sociedad de Defensa del Café, en relación al impuesto que se pagaba por la exportación del grano. Ante estas exigencias, Romero Bosque sostuvo que de momento era imposible suprimir en la totalidad los impuestos a la exportación del café, pues estando en vigencia el presupuesto que se había hecho calculando esos ingresos, cualquier supresión como la solicitada provocaría grandes desordenes en el funcionamiento de la administración pública.
James Hill, presidente de la Sociedad de Defensa del Café, manifestó que la reducción de las cargas tributarias sobre el café era imprescindible para la supervivencia del sector, por lo que pidió se convocara un Consejo Extraordinario de Ministros, por medio de la Asamblea Nacional Legislativa, para que se procediera a decretar una nueva ley moderando los impuestos sobre la exportación del grano. Al mismo tiempo, incluyó una propuesta elaborada por el antiguo asesor del Banco Occidental y diseñador de la Ley Monetaria, con la que se había sustituido el sistema del patrón plata por el patrón oro en 1919, Lucio Quiñónez, que indicaba la necesidad que existía de reformar dicha ley para devaluar el colón y fijar el cambio en 2.5 colones por 1 dólar, en lugar de 2 colones por 1 dólar como estaba establecido, con lo cual se pretendía dar un respiro a los bancos y a los propios cafetaleros ya que en lugar de pagarse el quintal de café en cereza a 14 colones, con el cambio devaluado se podrían pagar 20 colones.
Ante esta propuesta surgieron fuertes oposiciones de los sectores medios que indicaron que no se le podía pedir al Estado que redujera su presupuesto para generar un alivio exclusivo al sector cafetalero, teniendo el Estado serias responsabilidades con acreedores extranjeros y necesidades imprescindibles que cubrir, sobre todo cuando lo más probable era que la reducción de impuestos favoreciera a los exportadores y no a los pequeños agricultores.
Desde finales del siglo XIX la organización de la formación socio-económica había crecido a través de los negocios de inversionistas con el Estado sobre la explotación de utilidades públicas, por lo que la crisis también provocó que se comenzara a criticar la manera en cómo se habían establecidos esas concesiones sin que se establecieran controles sobre los beneficios que los concesionarios obtenían por dichas explotaciones, ni que se estuviesen estableciendo regulaciones sobre las tarifas cobradas.
La crítica tomó auge una vez que fue planteada por el propio James Hill y el gremio de cafetaleros, que denunciaron como abusos los cobros por el transporte del café a los puertos del país hecho por las empresas ferrocarrileras. De igual forma criticó los cobros que realizaban las compañías extranjeras a las que se les había vendido el manejo de los puertos. Aseverando que todas esas concesiones habían sido pactadas por medio de sobornos. Algo que se había permitido por el hecho que nadie en el país sabía sobre la materia de regulación de las utilidades públicas, y porque no hubo protestas ni sublevaciones populares cuando fueron otorgadas.
La discusión se extendió al incremento de las tarifas de alumbrado, fuerza eléctrica y calefacción. Por lo que muchos presionaron al Gobierno para que modificara los acuerdos de concesión de estos servicios en todo el territorio, particularmente con la Compañía Eléctrica de San Salvador, la más grande del país.
Muchos analistas, entre los que se encontraba Maximiliano Hernández Martínez, coincidieron en la importancia de que el Gobierno ejecutara más proyectos de explotación de energía eléctrica, aumentando las líneas de suministro para abaratar el servicio. El deseo de muchos era que el Estado nacionalizara toda la producción hidroeléctrica, lo cual se consideró como el único medio de defensa económico para la nación en esos momentos de crisis, defensa que se veía amenazada si se dejaba el control absoluto de los servicios a las empresas extranjeras.
Es importante hacer notar que si bien Romero Bosque, en su mensaje a la Asamblea Nacional Legislativa reconoció la presencia de la grave crisis económica como fuente central de la inestabilidad, en ningún momento informó sobre el establecimiento de algún plan concreto orientado a enfrentarla, evidenciando precisamente la debilidad del Ejecutivo, dejando más bien que fuera el Ministro de Hacienda quien lidiara con todas las quejas y reclamos acumulados por el desequilibrio financiero, que sobre todo procedían de parte de los cafetaleros y otros sectores empresariales representados en la Asamblea Nacional Legislativa, revelando la fractura de la relación Estado-Capital.
Luego del mensaje de Romero Bosque a la Asamblea, los diputados Gabino Mata y Héctor Herrera presionaron al Ministro de Hacienda para que elaborara un plan de solución de la crisis, que incluyera fundamentalmente el establecimiento de métodos por los cuales se pudiera recuperar el equilibrio fiscal y de la balanza de pagos, lo que implicaba a su vez el debate sobre cómo se debía recomponer el sistema tributario, cómo se debía tratar el pago de las deudas y sobre la viabilidad de establecer nuevas fuentes de ingresos para el Estado
En medio de ese conflicto, Alberto Masferrer intervino señalando la necesidad de conformar un Consejo Económico que asumiera el cargo de estudiar cuidadosamente la crisis y proponer los medios técnicos requeridos para solventarla. Para Masferrer esta necesidad se derivaba del hecho incontestable que el Ministerio de Hacienda, que incluía además las carteras de Crédito Público, Industria y Comercio, no podía ni debía continuar en manos de un solo hombre. La propuesta fue apoyada por Alfonso Rochac, quien coincidió en señalar que el desconocimiento o indiferencia de la gestión financiera realizada en el país hacia los criterios científicos y técnicos que resultaban necesarios para conducir esta gestión había provocado que fuera muy deficiente.
Rochac también convino en que para resolver ese problema se debía descargar del presidente de la república muchos de los trabajos que implicaba la gestión del Ministerio de Hacienda, a modo de evitar que el país siguiera estando expuesto a sus «caprichos y veleidades», sobre todo porque no se sabía si en el futuro llegaría un «ogro» a ocupar el cargo de la Presidencia, corriendo el riesgo que la gestión política se orientara a las prácticas violentas que se consideraban parte del pasado.
En el pleno legislativo el diputado Guzmán Trigueros expresó la necesidad de contar con una Ley de Presupuesto técnicamente idónea, derivada de un plan racionalmente concebido y de un estudio meticuloso de la situación económica del país. Eso suponía, ante todo, el deber de resolver el urgente problema que el Ministerio de Hacienda aún no había sido capaz de solucionar, esto es, la cuantificación de las deudas existentes. Por otro lado, hizo el llamado a reconocer los múltiples informes que indicaban que El Salvador era uno de los países con la presión tributaria más alta del mundo, lo que estaba generando una protesta constante de los contribuyentes que exigían una solución que no podía ser ignorada, esto suponía romper con la práctica establecida de ir subiendo anualmente los tributos y por consiguiente romper con el aumento progresivo del gasto público.
También se contempló elaborar un plan para reducir la cantidad de empleados públicos y de los salarios pagados, que habían llegado a constituir una carga intolerable, sobre todo por el hecho que las remuneraciones no siempre guardaban proporcionalidad con los trabajos que se realizaban o el puesto que se desempeñaba, lo que exigía además incrementar la disciplina y controles sobre todos los empleados y funcionarios estatales, para evitar la corrupción
La organización del Presupuesto se volvió crucial, el periódico Patria la calificó como «la ley de las leyes», explicándola como el instrumento necesario para enfrentar los serios problemas de la economía nacional. Se hizo ver que el Presupuesto era un asunto que debía preocupar a toda la comunidad nacional, y por consiguiente todos los ciudadanos debían participar en su estudio, planteando las siguientes preguntas abiertas: «1ª. ¿Qué nuevas partidas desea usted que se incluyan en el Presupuesto? ¿Por qué?; 2ª ¿Cuáles desea usted que se supriman? ¿Por qué?; 3ª ¿Cuáles deben ser aumentadas o disminuidas? ¿Por qué?».
Algunos días después, Alfonso Rochac volvió a referirse a los problemas en la organización de las finanzas públicas en el país, indicando que si bien el Presupuesto constituía la ley de las leyes, representando el mandato que el Poder Legislativo imponía al Ejecutivo para que cobrara los impuestos y efectuara los gastos, teniendo incluso la posibilidad de rebelarse rechazando la aprobación de la Ley del Presupuesto, en El Salvador, el Poder Legislativo realmente no ejercía un mandato sobre la organización de las finanzas públicas, dejando esta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo que siempre gastaba sumas mayores a las autorizadas, haciendo crecer el déficit y la deuda fuera de todo control. Como posteriormente lo consignó Alfonso Rochac, el desequilibrio fiscal causado por la falta de correspondencia entre la Ley del Presupuesto aprobada por la Asamblea Nacional Legislativa y el Presupuesto efectivamente ejecutado, fue algo que no pudo resolverse sino hasta el ejercicio fiscal del año más agudo de la crisis: 1932-33.
El debate nacional sobre la organización del Presupuesto continuó luego que la Comisión de Hacienda de la Asamblea publicara un estudio que indicó que el proyecto para el año fiscal 1930-1931 elaborado por el Ministerio de Hacienda era en exceso optimista en la parte que se refería al cálculo de ingresos y que marcaba la suma de 24 345 000 colones, estimando la Comisión en su estudio que las entradas fiscales debían reducirse a 20 000 000 de colones.
Los cálculos del Ministerio de Hacienda planteaban el problema de representarse los ingresos públicos de forma estática, es decir como mero producto de la división del monto de ingresos obtenidos a posteriori sobre la cantidad de tiempo transcurrido para su obtención, sin considerar la propia dinámica de la crisis que estaba conduciendo a la baja los montos de los ingresos nacionales, ni las tendencias que se podían derivar a partir de la situación en la que se encontraba el mercado del café, en plena trayectoria bajista.
Es necesario considerar que de acuerdo a los datos posteriormente consignados por Alfonso Rochac, los cálculos realizados por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional fueron los que en definitiva estuvieron más ajustados a la realidad, no obstante el déficit que efectivamente se produjo en el año fiscal de 1930-31 fue aún mayor que el previsto por la Comisión de Hacienda de la Asamblea.
Aunque los cálculos planteados por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional Legislativo eran más ajustados a la realidad, finalmente en el Presupuesto aprobado por la Asamblea se terminaron aceptando los cálculos realizados por el Ministro de Hacienda, ello probablemente se debió en parte a la noticia que se recibió en mayo de ese año, justo cuando se hacían las discusiones del Presupuesto, de que el Estado de Sao Paulo había podido obtener un nuevo crédito para el manejo de inventarios de café, lo que generó un sentimiento optimista entre los cafetaleros salvadoreños.
Claro que fuera de esas previsiones optimistas la crisis se siguió extendiendo. Mediados del año era el período en que el volumen de las exportaciones de café caía a su punto más bajo debido a su correspondencia con la llegada del verano en los países del hemisferio norte, época donde el consumo mundial de café descendía fuertemente. Por consiguiente, la actividad económica en el interior se contraía durante esos meses, concentrándose fundamentalmente en la preparación de los cultivos de subsistencia que dependían de la llegada de la temporada de lluvias. Así pues, hacia junio se fueron incrementando las noticias de embargos, liquidaciones y quiebras de empresas que no habían podido hacer frente a sus deudas al finalizar el ejercicio fiscal, fenómeno que siguió socavando la confianza de la población y avivando las discusiones sobre la necesidad de reorganizar la economía nacional.
Así pues, mientras se dilataba el acuerdo sobre la reorganización del sistema financiero, el transcurso del tiempo fue presionando con mayor fuerza, iniciando con el propio Gobierno que se encontró sin fondos para pagar la mayor parte de la planilla del Estado, incluyendo al Ejército, a la Guardia Nacional y a la Policía. Temiendo que la falta de pagos a las fuerzas reguladoras de la coerción pública aumentara la conflictividad, particularmente por el hecho de que la gran cantidad de movilizaciones sindicales y huelgas laborales que se estaban reportando por todo el territorio estaban generando que se exigiera el incremento en el ejercicio de la represión, el presidente Romero Bosque y el ministro de Hacienda Esperanza Suay se apresuraron a negociar un nuevo empréstito con los cuatro bancos nacionales para el pago de salarios de estas fuerzas.
La necesidad de haber tenido que recurrir a un nuevo préstamo de corto plazo para salvar in extremis y bajo condiciones bastante onerosas la insostenibilidad financiera del Estado, con algo que solo sirvió para lanzar hacia un poco más adelante la resolución de los profundos desequilibrios financieros nacionales, hizo converger a todos en el Gobierno en la conciencia de los efectos destructores de la crisis y en la necesidad que había de apresurarse para alcanzar una medio de estabilización que evitara el hundimiento definitivo del sistema nacional.
El diputado Pacas lamentó que a pesar de haber pasado todo el año discutiendo y aprobando proyectos orientados a sacar al país de su postración, desgraciadamente aún no se habían obtenido los resultados esperados, mientras que la situación solo había empeorado. Algunos de estos proyectos habían incluido el de promoción del turismo y el de establecimiento de una industria de alcohol para motores, este último con el afán de apoyar a los productores de azúcar que, según aclaraba Pacas, se encontraba en una situación más grave que los cafetaleros.
El representante de la Asamblea manifestó que la aprobación de los últimos contratos de prórroga de créditos obligaba al Gobierno a desvelar la mirada para ver el enorme agujero en el que se estaba internando al país, y que si bien el Poder Legislativo había consentido en apoyar al Ejecutivo aprobando los contratos, también se le debía exigir la más estricta austeridad en todos los gastos, pues era ridículo pensar a esas alturas que los ingresos llegarían siquiera de forma aproximada a la suma que había sido calculada en el Presupuesto, debiendo recalcularse en menos de 18 000 000 colones. Esto hacía imprescindible que el Gobierno comenzara a ejecutar inmediatamente todos los recortes posibles del Presupuesto hasta dejar únicamente el financiamiento de lo esencial. Al mismo tiempo indicó la necesidad de reducir todos los salarios en un 25% o 30% e hizo un llamado al más riguroso orden en la recaudación y gastos de las rentas públicas, señalando la misión que para ello se le había encomendado a la recién creada Auditoría de la República
A pesar de la enconada exposición del diputado Alberto Pacas el Gobierno fue incapaz de ejecutar las medidas exigidas, particularmente la concerniente a la reducción inmediata de los salarios, con lo que el descenso en la vorágine continuó, expresándose en el creciente problema de falta de financiamiento para el pago de las planillas. En ese sentido ocurrió precisamente lo que Pacas había vaticinado, el Gobierno empezó a entregarles a los empleados públicos recibos de deuda bajo la promesa de ser cancelados cuando se dispusiera de fondos suficientes en la Tesorería General, frente a lo que los empleados públicos acosados por la necesidad de liquidez no tuvieron otra opción que vender dichos recibos a agiotistas que cobraban hasta el 50% de descuento, por lo menos, por adelantarles el pago. Si bien era plenamente considerado por todos que esas tasas de descuento eran criminales, el Gobierno dejaba que ello ocurriera, bajo la consideración de que simplemente se estaba aplicando la operación del reporto, permitida por el sistema jurídico salvadoreño.
Alfonso Rochac se refirió a este fenómeno indicando que ese constituía un claro síntoma del grado de desorden y de corrupción con que se estaban manejando los fondos públicos, denunciando la existencia de dos taquillas en la Tesorería General, una donde se aglomeraban los menesterosos sin que se les pagaran sus recibos, y otra secreta donde iban los agiotistas a cambiar la gran cantidad de recibos comprados a los empleados. Rochac le exigió al Ministerio de Hacienda y al Tesorero General a que actuaran para impedir de una vez «la injusticia de estar traficando con el hambre de los necesitados, y por medio de la que se enriquecían solo unos cuantos». De acuerdo a cálculos presentados el 90% de los empleados públicos estaba viéndose obligado a vender sus recibos.
Este fenómeno también estaba complicando la estabilidad de la sociedad. Primero porque las enormes ganancias que quedaban en las pocas manos de los prestamistas estimulaba la inconformidad y el malestar general entre los trabajadores; al mismo tiempo, la descomposición social derivada de la extensión de la miseria se estaba exhibiendo en el aumento de una gran cantidad de problemas como el incremento de la prostitución y los actos de criminalidad como la rapiña, el hurto y el robo, expresando la falta de reconocimiento de las instituciones jurídicas del país que estaban perdiendo su legitimidad aceleradamente.
La desbordante situación a la que se había llegado en El Salvador al finalizar 1930 provocó que, en la primera semana de enero de 1931, el ministro de Hacienda, Esperanza Suay, presentara su renuncia a Pío Romero Bosque afirmando «haber perdido el hilo de los asuntos de Hacienda y las disposiciones dictadas últimamente en algunos asuntos del ramo». De todas formas, Pio Romero Bosque, que estaba plenamente consciente que el Estado y el país se hundían, y que la salida abrupta de su ministro de Hacienda solo aceleraría la descomposición de su gobierno, se negó a aceptarle la renuncia bajo la consideración de que ya faltaba muy poco para que se efectuaran las elecciones y por fin ocurriría la sucesión de gubernamental. ■
