Perú: las movilizaciones de noviembre

HËCTOR BÉJAR

 

 

EL CASO LAVA JATO

 

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la constructora brasileña Odebrecht había sobornado durante veinte años a funcionarios de doce países de la América Latina, entre ellos el Perú, para ganar licitaciones de obras públicas. Estalló el escándalo al que la prensa llamó «Lava Jato». En el Perú gobernaba Pedro Pablo Kuczynski a quien, en adelante, llamaré PPK.

     Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa y sus ejecutivos, se acogieron a la colaboración eficaz con los fiscales de Brasil. A pedido de la justicia peruana hicieron revelaciones sobre sus actividades en el Perú a cambio de que la empresa fuera excluida de toda sanción.

     El Acuerdo de Colaboración Eficaz y Beneficios fue firmado el 15 de febrero de 2019 en São Paulo por los fiscales Rafael Vela Barba, coordinador del equipo Lava Jato; José Domingo Pérez, fiscal; y Jorge Ramírez, procurador ad hoc del Estado. Por Odebrecht firmaron Jorge Barata, representante de la empresa en el Perú y tres ejecutivos.

     Si no fuese porque los Estados Unidos querían hacer trizas la competencia de la empresa brasileña en la América Latina, nada hubiera sucedido en el Perú, donde los sobornos a funcionarios, jueces, fiscales y policías, son cosa de todos los días. La Contraloría calcula que, de un presupuesto público de sesenta mil millones de dólares, ocho mil millones son gastados en sobornos y sobrevaluaciones.

     Cuatro expresidentes de la República se hallan comprometidos: Alejandro Toledo Manrique, con arresto domiciliario en los Estados Unidos está esperando su extradición, recibió treinta y un millones de dólares para favorecer a Odebrecht en la licitación de la carretera Interoceánica sur. Su esposa, Eliane Karp, fue su cómplice y está prófuga. Alan García se hallaba con impedimento de salida del país y bajo investigación por sobornos en la Línea 1 del metro de Lima y la carretera Interoceánica sur. Pidió asilo político a la embajada de Uruguay, pero fue rechazado. El 17 de abril de 2019 se disparó en la cabeza, en el momento en que agentes y un fiscal fueron a su vivienda con una orden de detención. Su expareja, Roxanne Cheesman, es investigada por complicidad. Ollanta Humala se halla con comparecencia restringida, luego de haber pasado nueve meses con prisión preventiva; su esposa Nadine Heredia se encuentra con arresto domiciliario.    Recibieron tres millones de dólares para la campaña de 2011. El 7 de mayo de 2019, la Fiscalía pidió veinte y veintiséis años de prisión para Humala y su esposa, respectivamente. Otras diez personas del entorno de la pareja, así como el Partido Nacionalista Peruano, están incluidos en la acusación.

     PPK cumple detención domiciliaria por treinta y seis meses. Además de los expresidentes, están involucrados tres de veinticinco gobernadores regionales, dos exalcaldes de Lima y cuatro líderes de partidos políticos: Keiko Fujimori de Fuerza Popular recibió un millón doscientos mil dólares de Odebrecht para su campaña de 2011 y los disfrazó fraguando cientos de pequeños depósitos; Julio Guzmán del Partido Morado habría recibido cuatrocientos mil dólares de Odebrecht; José Luna Gálvez de Podemos está preso porque compró la inscripción de su partido para las elecciones locales de 2018 y generales de 2019; y Lourdes Flores, del Partido Popular Cristiano, recibió doscientos mil dólares para su campaña presidencial de 2006 y más para la municipal de 2010.

     También están procesados el director del Banco Central de Reserva José Chlimper Ackerman, principal agroexportador del país; el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry; catorce exministros; tres expresidentes del Parlamento; los empresarios Camet, Graña y Montero, dueños de las constructoras más grandes del Perú; ocho excongresistas de diversos partidos, incontables funcionarios de los gobiernos de Toledo, García, Humala y PPK; empresarios de la clase alta limeña, el expresidente del exclusivo Club Regatas Lima, Gustavo Salazar Delgado; la banquera internacional, Susana de la Puente Wiese, que fue embajadora del Perú en Inglaterra nombrada por PPK; el presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus Tudela; el exdirector del diario El Comercio José Graña; el expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, el exdirector de Panamericana Televisión, y muchos otros empresarios y miembros del establishment.

 

RECUENTO DE LOS HECHOS

 

En 2016, Keiko, hija mayor del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, lanzó su candidatura para suceder a Ollanta Humala. En el recuerdo de los años en que el dictador recorría las localidades urbanas y rurales de pobreza extrema, y creyendo que su padre los había librado del terrorismo de Sendero Luminoso, un gran sector popular la apoyó, al tiempo que la financiaron los ricos. El gerente del Banco de Crédito y Credicorp, Dionisio Romero (hijo), le entregó personalmente tres millones seiscientos mil dólares en bolsas llenas de billetes verdes. Grupos de jóvenes y organizaciones no gubernamentales hicieron movilizaciones callejeras en la campaña «No a Keiko» para oponerse a su candidatura.

     Una parte de la izquierda organizada en el Frente Amplio lanzó a Verónica Mendoza, una joven congresista disidente del Partido Nacionalista de Humala. Los ricos se dividieron entre los que financiaron a Keiko y la derecha financiera que promovió a PPK, cuya candidatura fue aceptada ilegalmente, sin alcanzar las setecientas mil firmas necesarias para la inscripción.

     Tres candidaturas fueron las más importantes en la competencia de 2015: PPK, Keiko y Verónica. Gregorio Santos, exgobernador de Cajamarca y líder de las rondas campesinas, luchador contra la contaminación de la minera Conga, también se presentó, pero estaba preso, acusado de corrupción desde 2014. Al restarle votos a Verónica, su candidatura permitió el triunfo de Keiko. La izquierda electoral estaba dividida entre una opción «moderada», la de Mendoza, y otra «radical», la de Santos.

     En la primera vuelta se impuso Keiko, pero no llegó al 50 %, porcentaje indispensable para ganar en la primera y no pasar a la segunda. Verónica quedó en tercer lugar, y llamó a votar en la segunda vuelta por PPK para evitar que el Perú vuelva a caer en manos de la criminal familia Fujimori, que hasta hoy no ha devuelto 2776 millones de dólares «perdidos» después de la venta de doscientas veintiocho empresas públicas entre 1993 y 1995 por un total de 9221 millones de dólares.

     PPK se hizo de la presidencia por un ajustado 46.87 % a 46.64 %. Keiko y su núcleo duro juraron venganza.

     El Jurado Nacional de Elecciones otorgó ilegalmente a los fujimoristas los asientos que correspondían al exgobernador Santos, cuya candidatura fue anulada y así obtuvieron una representación de setenta y tres –de ciento treinta y cuatro– curules, mayor a la que les correspondía en votación. Se permitió también cinco representantes del Apra, a pesar de que el viejo partido no había alcanzado los votos suficientes para eso. La izquierda del Frente Amplio obtuvo veinte escaños, pero se dividió en dos facciones, la de Verónica y la de Marco Arana, que habían ido en una sola lista a las elecciones, como presidente y vicepresidente respectivamente.

     Una vez presidente, PPK visitó a Trump en Washington y, siguiendo instrucciones de Mike Pompeo, formó el Grupo de Lima contra Venezuela, abrió la frontera norte y permitió el ingreso indiscriminado de un millón de inmigrantes ilegales venezolanos, pero cuando intentó hacer aprobar una ley que disminuía las vacaciones y los salarios, la protesta callejera de miles de jóvenes de los barrios de Lima contra la que fue llamada Ley Pulpín, lo obligó a retirar el proyecto.

     Fue la segunda victoria de la calle, después del NO a Keiko.

     En diciembre de 2017 trascendió que Westfield Capital, empresa de PPK, había cobrado setecientos ochenta y dos millones de dólares de Odebrecht por consultorías cuando este era ministro de Economía de Toledo en 2004 y que otra empresa de PPK, la First Capital, había cobrado otros cuatro millones. Cuando el Frente Amplio y el fujimorismo quisieron vacarlo por esta causa, el congresista Kenji, hijo menor de Fujimori, y un sector del fujimorismo, se abstuvieron y el pedido no prosperó.

     En marzo de 2018 se revelaron videos en que gente de la bancada de Kenji cambiaba una parte clave de los votos del fujimorismo en contra de la vacancia de PPK por el indulto a su padre, que se produjo efectivamente en diciembre de 2017 cumpliendo el acuerdo secreto. Descubierto el arreglo, nuevas manifestaciones callejeras se produjeron en todo el país, Kenji fue expulsado por su hermana Keiko del fujimorismo, el indulto fue anulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema del Perú en octubre de 2018, y Fujimori hubo de regresar a su prisión dorada en enero de 2019, después de haber estado internado en una clínica, según él, moribundo.

PPK había tenido que renunciar el 21 de marzo de 2018. Fue el tercer triunfo de la calle.

     Renunciado PPK, se hizo cargo de la presidencia el ingeniero Martín Vizcarra, primer vicepresidente y exgobernador de Cajamarca, que era embajador en Canadá.

     En marzo del 2020 la pandemia llegó al Perú. El gobierno de Vizcarra decretó cuarentena en todo el país. Aplicaron la «suspensión perfecta» que permitió a veinte mil empresas no pagar sueldos y salarios a doscientos mil trabajadores mientras quebraban las empresas comerciales y las pocas pequeñas industrias que todavía quedan. El hambre cundía en los barrios y la gente empezó a romper la cuarentena a las pocas semanas. El gobierno empezó a dar bonos y subsidios en dinero para los trabajadores y las familias pobres, pero fueron insuficientes y no siempre llegaron a su destino.

     Quedó al descubierto el estado calamitoso del sistema de salud. Las escuelas, colegios y universidades cerraron. No había unidades de cuidados intensivos suficientes, no había oxígeno, muchos pacientes morían asfixiados, los cadáveres se acumulaban en los mortuorios y a veces en las calles. No morían por la enfermedad sino por falta de dinero. Las clínicas privadas llegaron a cobrar 100 mil dólares por tratamiento. Salió a luz la corrupción en el sistema de salud pública y la criminal especulación del sector privado. Han muerto hasta el momento cuarenta mil pacientes, doscientos médicos, setenta y una enfermeras, noventa y dos técnicos en enfermería y cuatrocientos policías. El Perú se convirtió en el país con más muertes por millón de habitantes en el mundo.

     Para las grandes empresas, el gobierno proporcionó 60 mil millones de dólares en el programa Reactiva Perú, en préstamos inmediatos con el 1% de interés.

     Las relaciones entre el Congreso fujimorista y Vizcarra se agravaron. En enero de 2020, cuando el Congreso intentó derribar por segunda vez al Consejo de Ministros de Vizcarra mediante la negativa a darle confianza, este último, utilizando una norma constitucional, lo disolvió y convocó a elecciones parlamentarias.

 

EL NUEVO CONGRESO

 

Por efecto de las apresuradas elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020, los lobistas que hacían mayoría en el Congreso anterior ya no la tienen en el actual: el Partido Morado de Julio Guzmán, un exfuncionario del BID; Somos Perú, fundado por Alberto Andrade, exalcalde de Lima, ya fallecido; el partido Podemos de José Luna, dueño de la universidad privada Telesup; Alianza para el Progreso de César Acuña, propietario de la red universitaria privada César Vallejo. En los dos últimos casos, se trata de negocios millonarios que lucran con la educación superior y no pagan impuestos; y de fortunas u ocupaciones inexplicables. Los tres, Acuña, Guzmán y Luna, están investigados por el caso Odebrecht.

     A ellos se suman: con quince asientos el Frente Popular Agrícola del Perú Frepap, fundado por el ya fallecido Ezequiel Ataucusi, que aseguraba ser un profeta iluminado por Dios; una alianza del Movimiento Etnocacerista del exmayor del ejército Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala –que cumple condena a diecinueve años por su rebelión de 2005 en Andahuaylas contra el gobierno de Toledo–, con los restos de Unión por el Perú, partido fundado por Javier Pérez de Cuéllar, el exsecretario general de las Naciones Unidas, ahora convertido en lo que se llama en el Perú un vientre de alquiler, es decir una inscripción que puede ser vendida al mejor postor. Tienen trece curules.

     Acción Popular logró veinticinco curules, a pesar de que no tiene ideología ni programa, sus integrantes adoptan políticas contradictorias y solo usan el recuerdo del expresidente Belaunde, derrocado en 1968 por la revolución militar del general nacionalista Velasco Alvarado. Fuerza Popular, de Keiko, investigada por la Fiscalía Anticorrupción como organización criminal, se redujo de setenta y seis a quince representantes. La izquierda, el Frente Amplio de Marco Arana, se redujo de veinte a nueve congresistas. Un conjunto de minorías ínfimas.  Ningún partido sobrepasó ni siquiera dos de los dieciocho millones de votos y veinticuatro millones de electores que tiene el Perú.

     Dentro de este micromundo de la clase política, la izquierda opera en cuatro minicoaliciones que tienen inscripción. Juntos por el Perú, liderada por Verónica Mendoza; Frente Amplio de Marco Arana; Perú Libre de Vladimiro Cerrón, y Democracia Directa, de los hermanos Alcántara, que encabezan a los exafiliados al Fondo Nacional de la Vivienda, quienes exigen la devolución de sus aportes. Ninguno de los dos partidos comunistas, Patria Roja (próximo a la República Popular China) y el Partido Comunista Peruano (antiguamente relacionado con la Unión Soviética), tiene inscripción legal. Para participar en las elecciones deben aliarse con los partidos que la tienen. Ahora están agrupados en Juntos por el Perú, que no alcanzó a tener lugar en el Congreso por no haber obtenido la votación suficiente.

     El 10 de septiembre de 2020 se presentaron en el Congreso grabaciones en que Vizcarra trataba con su secretaria Karem Roca cómo ocultar las visitas furtivas a Palacio de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, un pintoresco cantante, contratado de manera irregular con sesenta mil dólares, que aparentemente es su pareja sexual. En las semanas siguientes sucesivos denunciantes declararon que dos empresas involucradas en el caso Odebrecht le pagaron al actual presidente cuando era gobernador, un millón trescientos mil dólares a cambio del contrato para la construcción del Hospital Regional de Moquegua. Siguieron las denuncias y la fiscalía empezó a investigarlo. El presidente amenazó con disolver el Congreso. Este intentó vacarlo por «incapacidad moral permanente» pero no logró los ochenta y siete votos necesarios en su primer intento. En un segundo intento, logró vacar a Vizcarra por ciento cinco votos a favor, diecinueve en contra y cuatro abstenciones.

 

EL EFÍMERO MERINO

 

Destituido Vizcarra, el presidente del Congreso Manuel Merino se hizo cargo de la primera magistratura el 10 de noviembre. Ha sido gobernador de otra pequeña región, Tumbes, en la frontera del norte con Ecuador. Ántero Flores Aráoz, un exsocialcristiano antiguo ministro de defensa de Alan García, y hombre de ultraderecha, fue nombrado presidente del Consejo de ministros.

     Miles de jóvenes se lanzaron otra vez a las calles en todo el país protestando contra el golpe parlamentario y también repudiando a Vizcarra. Como nunca, la prensa y televisión apoyaron y promovieron las manifestaciones porque estaban contra el Congreso y empezaron a apoyar al vacado Vizcarra después de haberlo denunciado. Algunas universidades privadas suspendieron las clases para que estudiantes y profesores acudieran a la convocatoria. Era visible por las camisetas, las banderas y las pancartas que alguien financiaba las demostraciones, al menos en parte.

     Merino no llegó a ser aceptado formalmente como jefe de las fuerzas armadas y la policía en sus seis días de gobierno. Las manifestaciones fueron pacíficas en todo el país, excepto en la céntrica avenida Abancay de Lima, que fue enrejada, lo que equivalía a prohibir el acceso a una vía que es acostumbrado escenario de desfiles de protesta. En repudio, una parte de los manifestantes derribó las rejas y empezó a arrojar piedras y a lanzar bombardas a los policías. Estos respondieron con gases y perdigones de plomo.

     Murieron los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado, y además hubo muchos heridos y presos. Manuel Merino renunció y desapareció de escena.

 

LOS JÓVENES

 

Proceden de los barrios populares y de clase media. Artistas, músicos, cantantes de rock o hip hop, grafiteros, muralistas de calle, hay en ellos una intensa expresión cultural, más que política. Se comunican mediante teléfonos celulares, se organizan en grupos de WhatsApp. No tienen organización política ni quieren tenerla. No reconocen líderes. Desconfían de todos los partidos. Los une solo un lema: ¡que se vayan todos!

     Los pocos que pertenecen a partidos políticos empezaron a pedir una nueva Constitución que remplace al documento neoliberal que Fujimori hizo aprobar en el fraudulento referendo de 1993, y el tema ha quedado planteado.

 

SAGASTI

 

Luego de cuatro o cinco días de manifestaciones, hubo negociaciones en el Congreso. Correspondía suceder a Merino, a cualquiera de los dos vicepresidentes del Congreso, pero ambos están enjuiciados por corrupción. Francisco Sagasti, integrante del Partido Morado, fue entonces encargado provisionalmente de la presidencia del Perú hasta julio de 2021. De esta manera, un partido que tiene solo nueve escaños y el respaldo de apenas uno de veinticuatro millones de electores, conduce ahora el país.

     Sagasti reside en Costa Rica, es ciudadano costarricense además de peruano. Ha sido consultor y, brevemente, funcionario del Banco Mundial. Durante años promovió el programa Agenda Perú, financiado con donaciones internacionales. No llega a ser un tecnócrata porque nunca ha tenido un cargo técnico estable. Tampoco ha ejercido alguna vez responsabilidad alguna en la gestión pública o privada. Fuera de sus textos sobre tecnología, no se le conoce alguna labor de dirección o gestión en algo práctico.

     Sagasti nombró un gabinete procedente de universidades y organizaciones no gubernamentales. Hizo pasar al retiro a diecisiete generales de la policía sin expresar motivaciones. Los generales y almirantes protestaron. Su ministro del interior se vio obligado a renunciar, fue remplazado por otro general conservador a quien también se le pidió la renuncia.

     Al frente de un minoritario gobierno provisional y sin mayores explicaciones, Vizcarra y Sagasti han endeudado al Perú por quince mil millones de dólares, la deuda más grande de su historia. Cuatro mil en bonos a cien años y once mil del Fondo Monetario Internacional. Y el ministro de Economía ha dicho que seguirá endeudándose. Esta deuda monumental es un grillete puesto a la nación para que no se desvíe de la hoja de ruta de los poderes globales.

 

LAS MANIFESTACIONES QUE NO SON APLAUDIDAS

 

Las manifestaciones de calle de los jóvenes fueron seguidas por bloqueos de la carretera Panamericana, la principal del país, por trabajadores de las empresas agroexportadoras de los valles de Ica y Virú, que exigían la derogación de la ley de promoción agraria de Fujimori. En el norte, murió baleado otro joven, Jorge Muñoz. El Congreso tuvo que derogar la ley después de varios días de carreteras cortadas.

     Más de cuatrocientas empresas pagaban la mitad de impuestos que las empresas normales, obligaban a jornadas de doce horas durante seis días bajo el inclemente sol del desierto sin agua ni alimentos, contribuían a la seguridad social con la tercera parte que las empresas comunes, no reconocían estabilidad en el empleo, indemnización, gratificaciones ni vacaciones. La ley que permitía este régimen semiesclavista fue derogada gracias al bloqueo popular de varios días en las carreteras. Esta vez, la movilización de los trabajadores ya no tuvo la solidaridad de los jóvenes. Nadie se movió por las obreras agrícolas y los jubilados, por los médicos o las enfermeras, ni siquiera una declaración.

     El Congreso ha aprobado una ley para que los afiliados de las AFP que están desocupados más de doce meses puedan retirar una parte de sus fondos acumulados; ha mandado que la Oficina Nacional Previsional devuelva sus aportaciones a los trabajadores que no lograrán una pensión; ha abolido el odioso régimen de los Contratos Administrativos de Servicios (Cas) que sometía a la incertidumbre de la inestabilidad a los trabajadores del sector público. Y al momento de escribir este artículo se dispone a discutir la regulación de las tasas de interés que cobran los bancos. Un coro de abogados y comentaristas aseguró que las medidas son inconstitucionales y causarán poco menos de la quiebra del Estado.

     El gobierno de Sagasti ha presentado acciones de inconstitucionalidad contra las leyes en favor de los jubilados y los trabajadores Cas. Sigue la política de Vizcarra, tal como este continuó la de PPK y Fujimori. No hay dinero para ellos, sí hay para las grandes empresas. Todo el país calló. Los jóvenes tampoco dijeron algo.

Todas son explosiones sociales aisladas que mueren en el silencio o son reprimidas. Sus heridos, presos y muertos, no merecen los mismos aplausos que la prensa internacional y nacional rindió a los jóvenes. Como dijo nuestro historiador Jorge Basadre: «el Perú oscila entre la parálisis y la epilepsia».

     El denominado «modelo» neoliberal instaurado desde 1990 sigue operando. La política internacional del gobierno sigue sometida a los Estados Unidos. El nombre de Venezuela es prácticamente impronunciable, incluso en los medios de la izquierda ahora liberal. A Cuba se la ignora. Hay un gran temor a la supuesta inversión extranjera y a la siempre amenazante y omnipresente ultraderecha.

     La ultraderecha peruana está formada por el Opus Dei, la mayor parte de los almirantes de la Marina de Guerra, las iglesias evangélicas y pentecostales cuyos predicadores amenazan con el demonio a los pecadores en los barrios pobres, los generales retirados agrupados en la Coordinadora Republicana, más los bancos, la Confiep, los periódicos y periodistas mercenarios de la prensa concentrada. No quieren que se toque la inversión extranjera, son macartistas, están en desacuerdo con la política de género, son contrarios al aborto, a las organizaciones no gubernamentales patrocinadas por los Estados Unidos y Europa a quienes denominan «caviares»; y acusan a la izquierda y los líderes del sector popular de ser terroristas. Presionan y chantajean también al gobierno de Sagasti.

 

PROBABLE FUTURO

 

Viene operando decisivamente en el Perú desde 1995 una red formada por organizaciones no gubernamentales financiadas por fundaciones norteamericanas y europeas. Ellos organizaron el Foro Democrático contra Fujimori, influyeron a los gobiernos de Paniagua y Toledo, defendieron los derechos humanos y la democracia y han mantenido una meritoria e intensa actividad de lobbying y abogacía en el terreno de los derechos civiles y políticos; pero han aceptado en la práctica la política económica neoliberal de los últimos treinta años. Se trata de un sector de clase media ilustrada y profesional que, sin serlo, actúa como un partido de derecha liberal. Son los que ahora gobiernan con Sagasti.

     Más allá de las intenciones de los actores políticos, lo que viene formándose en el Perú desde el gobierno de PPK es: un sistema de partidos financiados por el Estado pero también pagado bajo cuerda por los grupos económicos de siempre; una Junta Nacional de Justicia que depende totalmente del ejecutivo y la presidencia; ha sido abolida la autonomía universitaria, lo que pone a las universidades públicas en el tercer nivel de subordinación al ministerio de Educación; la planteada abolición de la inmunidad parlamentaria pone a los congresistas bajo el chantaje del presidente y sus ministros o de los grupos económicos; y, una vez más, del sistema económico fujimorista. La política internacional sigue subordinada a los Estados Unidos.

     Todo eso sucede en las alturas de la clase política. Allá lejos, abajo, está el pueblo, que vive en la tragedia, la delincuencia, el caos urbano, el abandono rural y la corrupción. Muchas redes solidarias y de protesta operan en ese nivel, pero son ignoradas por los de arriba que, como he mostrado, no son sino ínfimas y también desarticuladas minorías al servicio de una única dictadura: la de las grandes mafias y los bancos.

Que ese sea del destino del pueblo del Perú en la próxima generación depende de cómo se desenvuelva el balance de fuerzas en el campo internacional y, desde luego, de si el pueblo peruano asumirá alguna vez la conciencia de su situación y su destino. ■

 

Fuente: click aquí

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