La fundación del patrón oro en El Salvador en 1919

Gabriel Escolán

 

Para entender la primer gran reforma en el sistema monetario y financiero impuesta por del Estado moderno salvadoreño hay que situar la mirada en 1919. Como es sabido, nuestro capitalismo creció con la expansión del cultivo de café a finales del siglo XIX, los primeros bancos del país fueron instalados precisamente durante el período de privatización de los ejidos y las tierras comunales para hacer posible la expansión de la producción cafetalera.

     El auge económico engendrado por la exportación de café permitió a los grupos socioeconómicos dominantes, llámese banqueros, exportadores y otros grandes empresarios tomar el control de las instituciones estatales para organizar un sistema que les permitiera generar un provecho particular. Así, no solo se disolvió el régimen de tenencia de la tierra heredado de la colonia, sino que se empujó una agresiva reforma económica que hizo de las concesiones a empresarios parte de la agenda de construcción del Estado, haciendo con ello del Estado un instrumento para canalizar los flujos de capital.

     Con el final de la Primera Guerra Mundial se generó un breve período de auge en la economía mundial que provocó que el precio de la plata aumentara repentinamente su valor con respecto al oro, lo que planteó una situación de vida o muerte para los bancos que operaban en el país en base a reservas de plata. Ello fue particularmente crítico para el banco más grande de todos en ese momento, el Banco Occidental.

     El asunto de entrada revistió un carácter profundamente paradójico, ya que el fracaso del intento hecho en 1893 de establecer el patrón oro se había debido a que la los sectores propietarios dominantes optaron por aprovechar la caída del precio de la plata con respecto al oro, que recibían por la venta del café, como herramienta adicional para incrementar la acumulación de capital, depreciando los salarios reales con lo que podían sostener la competitividad de otras regiones productoras como Colombia y Brasil con buenos márgenes de ganancia. Por consiguiente, a pesar de la fortaleza que había desarrollado estos sectores propietarios, desde finales del siglo XIX, durante los años de la Primera Guerra Mundial en que la inestabilidad monetaria fue el pan de cada día, no se pudo evitar que se intensificara el debate entre empresarios y otros sectores de la sociedad sobre las fluctuaciones erráticas del valor de la moneda y el tipo de cambio, y el efecto que tenían estas en todos los precios, lo que fue en el fondo una resonancia del colapso del patrón oro internacional y de la restricción en el pago en metálico para las transacciones comerciales derivadas de la guerra.

     No obstante, el fenómeno no se detuvo con el fin de la guerra tal como el Gobierno había estado esperando. A pesar de la victoria militar de los aliados, debido al monto de deudas acumuladas y al agotamiento financiero, Inglaterra se vio obligada a mantener la inconvertibilidad de la libra esterlina y el patrón oro internacional siguió en crisis.

     La situación de por sí tuvo un carácter muy aciago para el sistema financiero salvadoreño que había venido estirando su capacidad de emisión de billetes por encima de los límites que la ley bancaria establecía sobre los montos de reservas, sin tener además la capacidad de hacer llegar nuevos capitales a sus arcas. En ese contexto, la súbita alza de los precios de la plata en 1919 supuso una situación simultáneamente favorable como adversa para los bancos. Favorable porque presentó la irresistible posibilidad de convertir la plata de sus reservas en oro y obtener una ganancia con ello, adversa porque los billetes bancarios representativos de esa plata que se habían estado lanzando a la circulación fuera de los límites de las propias reservas se encontraban dispersos en la sociedad que los había estado acumulando bajo su depreciación, esperando ansiosa el fin de la Ley Moratoria promulgada hacia el inicio de la guerra para convertir en metálico los papeles bancarios que para muchos tenedores representaban viejas deudas. De modo tal que la situación era contradictoria, planteando tanto un negocio lucrativo si se vendía la plata y una nueva amenaza de que el sistema financiero colapsara si los tenedores de billetes llegaban a agolparse para cambiarlos ahora que la guerra había terminado y el plazo para volver a la convertibilidad se encontraba fuera de los establecido por la Ley Moratoria.

    En ese marco, Lucio Quiñónez, que para ese momento era miembro de la Alta Comisión Internacional Financiera Panamericana auspiciada por los Estados Unidos y directivo del propio Banco Occidental, planteó la situación de crisis en la que se encontraba la economía nacional. Desde luego que Quiñónez no presentó la cuestión de la vulnerabilidad financiera como un problema específico del Banco Occidental, sino como un problema que tenía sus raíces en la inestabilidad intrínseca del patrón plata que identificaba como la causa de los dos grandes problemas monetarios del país: 1) la escasez de la circulación y 2) las erráticas fluctuaciones del tipo de cambio.

     La propuesta de Quiñónez era básicamente cambiar las reservas de plata por oro y devaluar el colón para compensar la apreciación de la plata. Esto lo justificó acudiendo a la información estadística disponible y extrayendo de ahí los promedios de las tasas de cambios con los cuales se había venido haciendo negocios durante los últimos 11 años. La propuesta de Quiñónez pasaba por ignorar las variaciones ocurridas durante los años de la guerra, calificándolas como «anormales» y «momentáneas» a modo de no generar una alteración en los contratos, ni en los valores reales que se debían, ajustando el nuevo tipo de cambio a lo que resultara con mayor frecuencia durante un período considerado como «normal», es decir, mantener lo más alto que se pudiera el cambio. 

     A partir del análisis y propuesta planteada por Lucio Quiñónez, el gobierno de Alfonso Quiñonez, apurado a tomar acciones para manejar tan delicado asunto, que necesitaba el aval de los sectores propietarios dominantes para poderse llevar acabo acordó, con su cuñado y futuro sucesor Jorge Meléndez, organizar un debate sobre esta cuestión que se efectuó en la Universidad Nacional y que con posterioridad contó con la participación de un grupo selecto de empresarios y funcionarios del país. La mayor parte coincidió en que el gran problema que atravesaba la economía nacional era esa combinación entre la escasez de dinero y las grandes fluctuaciones sobre el tipo de cambio. Para el caso, James Hill señaló que no se podía progresar más, ni las propiedades podrían adquirir mayor valor porque no había dinero para traficar con ellas, ni se podía comprar ni vender propiedades porque no había con qué. Agregando con un tono de dramatismo: «Si no se pone en manos en arreglar el asunto monetario llegaremos a tener que cambiar un objeto por otro por falta de numerario con qué efectuar las transacciones».

     Entre los empresarios consultados el que más decisión mostró en su rechazo al plan presentado por Quiñónez fue Samuel Luna, un comerciante de la ciudad de Metapán. Es importante considerar que el rechazo de Luna a la propuesta Quiñónez se derivaba en un principio del hecho de no estar alineado con los intereses predominantes de los sectores financiero-cafetaleros que se debatía con el problema de la escasez de capital monetario para movilizar las cosechas, así como de sus intenciones de que se siguiera una política inflacionaria. Luna más bien estaba vinculado al comercio regional de ganado, en particular con la ciudad de Ocotepeque en la vecina república de Honduras, en la que el medio de circulación por antonomasia era la plata. De ahí que considerara que el impulso de la propuesta de sustituir la moneda de plata por el oro acuñado constituyera una amenaza para él y para todos los comerciantes regionales que la empleaban como medio de negocios. En su alocución afirmó:

«El régimen de papel moneda es funesto en sumo grado, es el peor sistema monetario que imaginarse puede; que una vez empantanados en ese profundo pozo, se necesitan esfuerzos sobrehumanos para salir y que por consiguiente debemos huir de él como de la peste más calamitosa… los billetes de banco no son parte esencial de ningún sistema monetario. El billete bancario no es moneda: es una obligación de pago a la vista, un papel de crédito, de aceptación facultativa, esto es, libre; cuyo valor estriba en el crédito del Banco que lo emitió. Si su pago es religiosamente exacto, su circulación es espontánea, fácil y muy activa, pues el billete ofrece al público muchas comodidades. Pero si el pago del billete no es exacto, su circulación se entorpece y su valor se quebranta ineludiblemente, sin que haya ley humana capaz de impedir ese quebranto».

     Esta aseveración expresaba la tradición que se había gestado en El Salvador en el manejo y la diferenciación entre crédito y moneda. Los contratos se fijaban por lo general en metálico, a través de una variedad de prestamistas, mientras que la emisión de billetes era una concesión del Estado, que carecía de un Banco Central de Reserva, a determinados bancos, que tenían como negocio principal la emisión de notas para facilitar la reproducción de los ciclos de cosecha y exportación de café.

     A su vez la crítica al establecimiento del patrón oro vía poder liberatorio de billetes de bancos estadounidenses residía en el hecho que el sistema bancario salvadoreño carecía de una confianza generalizada entre la población del país. Esta situación se había producido precisamente por la propia historia del despliegue bancario en El Salvador, que a través de la ocurrencia de crisis periódicas había visto quebrar a muchos bancos, siendo el último el Banco Nacional, lo que había llevado a la situación de pérdida de muchos capitales, y que se agregaba a la recurrencia con que se decretaban las leyes moratorias con las que se impedía a los tenedores de billetes tener acceso a los metales representados en ellos. Por consiguiente, la perspectiva de que se impusiera un régimen de papel moneda que para rematar tuviera como bancos titulares a instituciones financieras estadounidenses le pareció a estos agentes económicos dedicados al comercio regional, y acostumbrados al propio resguardo de su riqueza, una abominación, una imposición tiránica.

     En particular, lo que preveían los comerciantes como Luna es que al conceder poder liberatorio a billetes de banco estadounidenses y a los de bancos nacionales, por efecto de la falta de confianza en los bancos nacionales, se retirarían todos los billetes estadounidenses y solo quedarían en circulación billetes de bancos nacionales con pobre garantía, lo que traería como inevitable efecto una depreciación que, en lugar de estabilizar el cambio como pretendía el proyecto Quiñónez, empeoraría sus fluctuaciones.

     No obstante estos reparos de una fracción empresarial distanciada de los sectores propietarios dominantes, el gobierno del presidente Jorge Meléndez y los demás miembros de estos sectores representados en la Asamblea Nacional Legislativa asumieron el proyecto de establecer el patrón oro considerando que ese constituía el medio necesario para evitar el agiotaje, pues se esperaba que con la fijación del cambio terminara el cobro excesivo de intereses y de primas sobre el oro pues, de acuerdo a lo que se señaló en el considerando del decreto que ordenó la composición de la Comisión Monetaria encargada de elaborar el proyecto de ley, la subida de intereses que estaban haciendo los tenedores de giros oro no correspondía con la cotización alcanzada por la plata, aparte de que elevaba los precios de las mercaderías extranjeras generando una carestía que tampoco se ajustaba al bajo nivel de salarios, generando con ello el empobrecimiento entre los sectores proletarios y de los que vivían de sueldos o pensiones fijas.

     La Comisión Monetaria fue integrada por Miguel Dueñas, Calixto Velado, Lucio Quiñónez, Francisco A Lima, Belarmino Suárez, Herbert de Sola, Mariano Zeceña, René Keilhauer, Roberto Aguilar T., Carlos García Prieto, Bartolo Daglio e Isidro Moncada. Es interesante notar que en la composición de la Comisión fueron excluidos los principales críticos del proyecto, por lo que se puede indicar que representaba mayoritariamente los intereses propietarios dominantes comandados por el Banco Occidental.

     La Comisión dictaminó que no se podía resolver el problema de la escasez de financiamiento si no se modificaba el sistema monetario como tal, pues para ampliar la circulación de dinero debía darse curso legal a la moneda extranjera de oro en el país, y para eso se necesitaba eliminar la plata y establecer el cambio fijo sobre el oro estadounidense. Es decir, borrar de un plumazo la historia del uso de monedas a base de plata y de cuño y valor diverso que entraban al país por sus diferentes arterias comerciales. La Comisión Monetaria estaba convencida de que si se mantenía la circulación de plata solo se generarían más alicientes para las bruscas oscilaciones de los cambios, lo que mandaría al traste las pretensiones de alcanzar una estabilidad del sistema monetario y de los precios en el mercado interno. 

     Los miembros de la Comisión coincidieron en indicar que la inestabilidad del cambio se había agravado por los efectos de la Ley Moratoria y la inconvertibilidad del régimen del papel bancario establecida en 1914. Pero esas mismas circunstancias volvían más importante y propicia la transformación del sistema monetario, ya que la suspensión de la circulación metálica a causa de la Ley Moratoria había conducido a una reducción de las emisiones bancarias, dejando estacionaria la cantidad de moneda circulante, mientras que el crecimiento de la producción, que había venido ocurriendo durante esos años con las nuevas cosechas, había venido aumentando la demanda de dinero, presionando al sistema financiero a hacer nuevas emisiones de billetes, lo que tenía en ese momento la capacidad del sistema financiero en el límite.  

     Por otro lado, la caída repentina del cambio con la apreciación de la plata extendió la alarma entre muchos cafetaleros y otros productores, que consideraban que dicha baja en el cambio era insostenible, ya que los costos de la producción crecían con la apreciación, haciendo que los salarios prácticamente se duplicaran, colocando en una situación de extrema vulnerabilidad a las empresas de café para atender a sus propias obligaciones. Algunos miembros de la Comisión rechazaron estas representaciones angustiosas sobre la baja del cambio, indicando que ello debía considerarse como resultado directo del incremento de los altos precios del café, que precisamente debía conducir a un alza de los salarios.

     En ese sentido, la Comisión reconoció que la fijación del tipo de cambio entrañaba el problema de división social que separaba entre favorecidos y perjudicados por la depreciación de la moneda nacional. De cualquier manera, indicó que, aunque fuese irritante que el provecho de unos se tradujera en el sufrimiento de otros, confiaba en que el establecimiento de un límite fijo y definitivo para el cambio engendraría un reacomodo social que determinaría el status quo que debería reflejar «normalmente» todas las relaciones económicas. Desde este punto de vista la verdadera amenaza no residía per se en la devaluación de la moneda, como podía preocuparle a los asalariados, sino en las fluctuaciones bruscas del cambio que echaban a perder todo cálculo y previsión en la dinámica de las empresas, obligando a nuevos reacomodos en el status quo, a alterar las relaciones entre acreedores y deudores, convirtiendo el enriquecimiento y el empobrecimiento en movimientos sujetos a la especulación, las leyes del azar, incrementando el desaliento y la desconfianza en todos.

     Es importante resaltar como la Comisión insistió en señalar que la conservación de este status quo, o configuración hegemónica construida por los sectores propietarios dominantes desde la expansión inicial del café, dependía la estabilidad nacional, por lo que no debía haber una oposición violenta entre los intereses de los diversos grupos sociales que representaban las diferentes fuentes de riqueza del país sino se quería que esta configuración se rompiera y con ello se enviara al país al abismo. Esto lo afirmó con claridad del siguiente modo:  

«La pérdida de la agricultura no puede menos de arrastrar la del comercio: perdido el café, posiblemente nos encontraríamos en una situación sumamente penosa y la ruina de nuestros principales industriales acarrearía, sin género alguno de duda, la ruina de todos los intereses que giran alrededor de la prosperidad agrícola».

     Considerando eso, la Comisión Monetaria fijó el tipo de cambio entre la moneda nacional y el dólar americano en un 200%, indicando que en ese nivel se «conciliaban» todos los intereses en pugna y se satisfacían las aspiraciones del «pueblo», sin lesionar los derechos de los cafetaleros. En ese sentido, el decreto finalmente establecido fijó como nueva unidad monetaria el colón sobre la base de 0.836 gramos de oro de 900 milésimos de fino, representado por los billetes de banco que se encontraban en circulación. Con esto, el peso y la ley de la nueva moneda quedaron en relación con el peso y la ley de la moneda de oro de los Estados Unidos, de suerte que un dólar estadounidense quedó valorado en dos colones. Es importante señalar que esta reforma en el sistema monetario, no impidió el padecimiento experimentado por la crisis económica de 1920-21 que condujo a un nuevo ciclo de endeudamiento externo a través del Estado para pagar créditos pendientes con los bancos que operaban en el país.

     En conclusión, la reforma monetaria y financiera que se condujo en El Salvador en 1919 no solo evidenció el poder alcanzado por los sectores propietarios cafetaleros, como la fracción capitalista hegemónica, que tenía la capacidad para reformar las instituciones fundamentales del sistema de acuerdo a sus intereses y necesidades, sino que también sentó las bases para la expansión del financiamiento con que se extendieron las empresas de todo tipo durante la siguiente década.  ■

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