General para el siglo

 [Introducción de Los años del General]

 

 ROBERTO TURCIOS

Historiador salvadoreño

Desde el 4 de diciembre de 1931, cuando los jóvenes golpistas lo nombraron presidente, Maximiliano Hernández Martínez edificó su lugar de mando con esmero, buscando que no tuviera flancos vulnerables. A partir de aquel día, él calculó sus pasos mostrando que tenía conciencia de encontrarse en medio de la crisis más grande registrada en el país durante las tres décadas que llevaba el siglo XX. Entonces, todo estaba revuelto por las mujeres y los hombres desesperados, pues se había instalado la zozobra entre propietarios y trabajadores, a raíz de la incertidumbre por la suerte que tendrían las familias en los días siguientes.

     El jueves 24 de octubre de 1929 crujió el capitalismo. La Bolsa de Nueva York fue el lugar donde la especulación desenfrenada causó un derrumbe que se extendió por todo el mundo. Aquel año habían oscilado las cotizaciones de los títulos en la Bolsa, pero las indicaciones de la fragilidad no fueron atendidas. Siguió el frenesí, apostando al crecimiento interminable. Y se produjo el desastre. Para los entendidos en esos asuntos, la caída se veía venir, pero se impuso el afán de las ganancias rápidas con apuestas dudosas. La secuela del derrumbe se extendió a la industria, al comercio y a los mercados de las materias primas. La posición internacional del café recibió impactos de dos fuentes: la crisis general y las políticas de precios en Brasil; estas últimas tuvieron malos resultados y causaron la caída de la contratación internacional.

     Pronto llegó el impacto a El Salvador; desde 1930 bajaron los ingresos y en 1931 se hundieron. En esas circunstancias ocurrió un hecho político excepcional: en las elecciones realizadas el 10, el 11 y el 12 de enero de 1931 no apareció la mano del presidente Romero Bosque como el factor decisivo del candidato triunfador. Arturo Araujo y los partidos que lo postularon —el Laborista, el Nacional Republicano y el del Proletariado Salvadoreño— obtuvieron la victoria a raíz de las esperanzas abiertas por las promesas reformistas que presentaron, mientras la crisis se había extendido de manera inexorable por todos los espacios de la vida nacional.

     La victoria de Arturo Araujo fue el hecho culminante de una coyuntura de cambio formada por procesos nuevos, como el de la crisis, y otros que procedían de varios años antes, como el auge organizativo. A lo largo de las décadas recientes crecieron las asociaciones de productores y aumentaron los sindicatos; circulaban periódicos con más nombres de periodistas y articulistas. Hubo indicadores claros de las novedades fundamentales: uno fue el de la mujer, Prudencia Ayala, que se integró a las personas con aspiraciones presidenciales; otro, igualmente significativo, la expansión comunista; y además, los proyectos de modernización gubernamental, así como las promesas electorales de reformas.

     Cuando la campaña electoral se puso en marcha, en 1930, ya era un hecho principal la existencia de una corriente social reformista en el centro de los debates electorales. Esa fue una novedad que formaba parte de un cuadro inédito en la disputa por el control del poder estatal y la definición de sus políticas. En efecto, otras dos corrientes vivían con intensidad la coyuntura y la competencia por el poder del Estado: una era la burguesa cafetalera, con cuotas decisivas en el Gobierno; y la tercera, la comunista. Aquel año, las tres corrientes impulsaron acciones principales de sus estrategias cambiantes. Ninguna de ellas tuvo entonces un curso único definido; más bien tendían a oscilar conforme se iban perfilando los acontecimientos.

     Arturo Araujo, el líder social reformista, triunfó en las elecciones de 1931 y parecía culminar una competencia electoral genuina; entre varios candidatos perdió quien ostentaba las credenciales típicas de la continuidad oficialista. Sin embargo, la parálisis del gobierno de Araujo, así como el desencanto de la población que lo había respaldado en enero, y el aumento del malestar en todos los sectores crearon el ambiente extraordinario de crisis que produjo un golpe de Estado. Por primera vez en el siglo XX tuvo éxito el alzamiento de los militares contra el Gobierno. Eso no ocurría desde 1898, cuando el general Tomás Regalado derrocó al presidente Rafael Gutiérrez y lideró la formación de un nuevo bloque político que mantuvo su hegemonía durante varias décadas.

     Un acontecimiento impresionante fue que pocos lamentaron el golpe de Estado contra Araujo, pues ya estaba descompuesto el bloque reformista que él había liderado. Durante nueve meses, Araujo no pudo aliviar los problemas, porque su gestión quedó en medio de una gran crisis, la mayor de todos los tiempos cafetaleros, sin respaldos internacionales ni nacionales significativos. En esas circunstancias, los dirigentes del golpe vencieron en 24 horas la resistencia de Araujo y los pocos jefes militares que se mantuvieron leales. Mientras tanto, el vicepresidente Hernández Martínez pasó a la silla del mando, a raíz de las posturas del representante de los Estados Unidos en San Salvador, quien entendió que así se cumplían las instrucciones del Departamento de Estado y las disposiciones de los Tratados contra los gobiernos de hecho formados en asonadas, golpes y rebeliones.

     Después del control de todas las posiciones militares, el Gobierno quedó al mando de la situación sin rechazos evidentes. El nuevo presidente integró el gabinete con las formas de una alianza amplia por la emergencia, pues contó con la participación de figuras como Miguel Tomás Molina, de destacada trayectoria opositora, y Romeo Fortín Magaña, de filiación liberal. Casi de inmediato hubo una secuencia vertiginosa de acontecimientos: la organización administrativa, las reuniones con los señores del capital y el café, las disposiciones excepcionales, como el no pago temporal de la deuda, la convocatoria a elecciones, la autorización de los candidatos de los partidos, incluyendo al Comunista y excluyendo al Laborista de Araujo. Las elecciones no trajeron alivio, más bien aumentaron los descontentos y malestares, a raíz de que los comunistas se sintieron defraudados; y las agrupaciones que ellos dirigían formaban una de las corrientes políticas con mayor poder de movilización. Ya había sufrido crisis severas, pero ninguna con los alcances de esta. Trabajadores y propietarios estaban desesperados; los primeros más que los segundos. Un descontento especial se extendió en los territorios habitados por los pueblos originarios nahua pipiles, que no llegó hasta los departamentos orientales.

     Con el descontento y la frustración extendidos en las ciudades y el campo, los comunistas decidieron su participación con el propósito de conducir una confluencia rebelde de soldados, trabajadores, campesinos e indígenas. Hernández Martínez no vaciló: dirigió la mayor operación represiva lanzada desde los tiempos de la Independencia. Así le dio forma a la primera etapa de su gobierno y a un cambio de régimen. Ya afianzado en el poder, el General creó instituciones, firmó decretos que derogaron leyes y pusieron en vigor otras, ordenó arrestos y persecuciones. En una primera etapa se dedicó a la emergencia, esta era política, militar y económica. La República tenía poco más de un siglo y ahora estaba viviendo algo inédito.

     En una segunda etapa de su largo gobierno, el general se dedicó a la reforma económica para salvar a los propietarios: cambió el sistema económico, aprobando negocios sin que nadie objetara sus decisiones, porque nadie podía hacerlo, a menos que estuviera dispuesto a sufrir por la osadía. Él mandó al paredón con su firma o con la voz de mando, que eran inapelables porque operaban como la misma ley. La tercera etapa fue más compleja y, a la vez, simple: la dictadura. Después de ser el jefe de la operación militar que asesinó a miles de personas en 1932, tejió con esmero de artesano la estructura de su poder. Y fue un personaje implacable que nunca abandonó la persuasión. Con esas artes intentó convencer a ministros y profesionales liberales de la legalidad de un periodo presidencial más. No lo logró, porque la Constitución tenía disposiciones claras en contra de semejante propósito. Entonces, cambió la Constitución. En cierta forma, así proclamó que él era la ley, que nada en él podía ser ilegal. 

     Hernández Martínez llegó a la presidencia por la puerta del lado, oscura y confusa, formada con la precipitación de una emergencia y las vacilaciones causadas por la injerencia de los representantes de los Estados Unidos. Estos exigieron el respeto a los Tratados que desconocían los golpes de Estado, pero nadie sabía cómo se aplicaban sus normas en la situación concreta de los movimientos abruptos e ilegales. ¿El vicepresidente del jefe derrocado podía ocupar la presidencia? La pregunta tenía que ver con la legalidad, mientras se había extendido la peor de todas las emergencias por el país. La legalidad estaba ajustada a los términos de los convenios suscritos en Washington por los centroamericanos, según el entender de los funcionarios estadounidenses en San Salvador. Sin embargo, por todos lados, la emergencia se había generalizado y estaba impactando en las vidas y las propiedades de la población.

     Los años del general aborda el largo periodo de una dictadura, a partir de varias hipótesis; una se refiere a la primera etapa, cuando irrumpió Hernández Martínez en medio de la crisis general, que considera la existencia de una coyuntura especial desde 1927, al iniciar el periodo presidencial de Pío Romero Bosque. Después del crecimiento de la economía cafetalera, la sociedad y el Estado vivieron una transformación notable, como podía advertirse en aspectos culturales y políticos; entre ellos uno destacado fue la existencia de tres grupos de liderazgo político: el burgués cafetalero, el comunista y el social reformista. En el primero estaban los dirigentes del Ejecutivo y el Legislativo —entre 1927 y 1930—; en el segundo, los jóvenes que intentaban la organización de un movimiento de sindicatos, asociaciones y universitarios, animado por la esperanza de una revolución; y en el tercero se encontraban los que prometían la reforma del acceso a la tierra y un programa de mínimum vital. En 1930, las tres corrientes estaban disputando con intensidad por influir en los asuntos políticos del país. Ninguna de ellas era, sin embargo, monolítica, pues estaban integradas en torno a ideas y posturas diversas.

     Como consecuencia de la formación del núcleo burgués cafetalero y de su participación en los debates gubernamentales, entre 1927 y 1930, hubo un proyecto amplio, que abarcó tanto la política como la economía. Al amparo de ese proyecto se impulsaron iniciativas que apuntaban al cambio en el Estado, a una especie de modernización republicana. Desde el control de la ejecución presupuestaria, mediante una auditoría permanente, hasta el establecimiento de un banco de créditos hipotecarios formaron parte de la cartera de proyectos impulsada por el grupo burgués cafetalero que tenía una cuota importante en el poder gubernamental.

     Ya la crisis estaba instalada en el país cuando el presidente Romero Bosque decidió darle forma a un hecho insólito: la organización de elecciones sin candidato oficial. Durante las tres décadas anteriores, el Ejército y la estructura territorial cívico-militar fueron los baluartes operativos de las decisiones presidenciales en torno a la sucesión. Romero Bosque tomó otra ruta, sin soltar las riendas de la tradición; citó a los candidatos a su despacho, se reunió varias veces, tomó acuerdos con ellos y firmó el documento con las regulaciones que regirían en las mesas de votación. Triunfó la planilla social reformista, con el ingeniero Arturo Araujo y el general Maximiliano Hernández Martínez, como presidente y vicepresidente. Desde antes de tomar posesión resultó claro que estaban ante un panorama distinto al que habían previsto, porque la crisis era el acontecimiento dominante y la insolvencia de la caja gubernamental, una de sus consecuencias. El margen para las reformas prometidas, entre ellas la de tierras agrícolas, quedó reducido al mínimo, porque las urgencias, como pagar los sueldos, rebasaron la capacidad ejecutiva de los nuevos gobernantes. De la expectativa de cambio, el país pasó a la ingobernabilidad y al malestar extendido a través de varios sectores sociales por el implacable impacto de la crisis.

     Todo cambió a raíz del fracaso de los social reformistas en el Gobierno. Poco pudo hacer el presidente Araujo y su gabinete al carecer de los recursos mínimos para cubrir el funcionamiento de la administración. La frustración de miles por la ausencia de los cambios prometidos reforzó el ascenso previo de la organización impulsada por los dirigentes comunistas. Esos tuvieron que multiplicarse tratando de atender las demandas de atención que llegaban desde decenas de municipios. Parecía que después de los turnos de la dirigencia cafetalera y de la social reformista estuviera llegando la oportunidad para el recién formado Partido Comunista de El Salvador. Sus líderes encararon la situación con los enfoques que les brindó el marxismo-leninismo al uso, las directrices que pudieron recibir de sus organismos internacionales y el conocimiento de la situación de grupos e instituciones relevantes, así como de sus conflictos internos.

     Para entonces, el malestar era el estado dominante entre las clases y los grupos sociales, porque todas las generaciones se encontraban sumidas en la incertidumbre. En una situación de crisis general instalada en todo el país, con las señales del fracaso gubernamental, las evidencias del descontento y el auge de la organización comunista podía pensarse que faltaba poco para el desplome del sistema hegemónico de la república cafetalera. Sin embargo, faltaba la reacción de dos instituciones clave: la Iglesia y el Ejército. Eran centros fundamentales en la generación de las ideas, los argumentos de legitimación y las justificaciones cohesionadoras del régimen; además, el segundo era la clave decisiva de la organización político administrativa. Y el segundo centro interrumpió la evolución del siglo XX, cuando tuvo éxito un golpe de Estado.

     Después del golpe, apareció una agrupación nueva, donde confluían liberales, reformistas, conservadores y reaccionarios; todos se integraron por la emergencia en torno al Ejecutivo provisional y al general Maximiliano Hernández Martínez que lo encabezaba. Entonces quedaron dos bloques enfrentados: el de la emergencia con ánimos de unidad nacional, y el comunista con afanes reivindicativos, justicieros y revolucionarios. En una secuencia que ocurrió durante días vertiginosos y situaciones cambiantes, los dos bloques tomaron posiciones cada vez más enfrentadas, mientras el liderazgo laborista del social reformismo vivía su desbandada y desarticulación. El enfrentamiento de los dos bloques se resolvió en el plano militar, primero, y con una operación masiva de represión, después. Dos grupos dirigentes quedaron desintegrados, mientras el general Hernández Martínez parecía preparado para desempeñarse como la autoridad en esos días de emergencia, procurando alianzas y concertando acuerdos, aunque ya entonces estuviera encaminándose a dejar la provisionalidad acordada con sus colegas militares.

     El general encabezó una especie de gobierno de unidad y no tuvo reparos para aprovechar los proyectos que había perfilado el liderazgo burgués cafetalero, poniéndolos en práctica. Tampoco tuvo dificultad para dirigir la operación masiva de represión —la mayor que se había ejecutado desde la fundación de la República—y, al mismo tiempo, conseguir el apoyo activo de destacados liberales con su Gobierno. Desde esa trinchera forjó la plataforma para la dictadura, haciéndolo con gradualidad, pasando sin rubores de la persuasión a la sentencia represiva, hasta alcanzar la consagración constitucional definitiva. La evolución del periodo transitó, entonces, del golpe de Estado a la emergencia, primero, donde ocurrió la mayor operación represiva practicada por el Ejército desde su fundación; siguió la reorganización del Estado y, con su éxito, el continuismo presidencial; después la dictadura logró su consagración constitucional, pero desde antes ya se había instalado en el aparato estatal y en la sociedad.

     Los años del general trata de ofrecer un panorama sobre la evolución de la dictadura en sus diversas etapas, así como de las características destacadas en esa gestión y en la personalidad de Hernández Martínez. Con esa base, se ha buscado la identificación de los aspectos que habrían sido decisivos para conseguir la influencia notable que la dictadura alcanzó en la política, la sociedad y la cultura salvadoreñas. El texto se publicó la primera vez en la colección La República (Banco Agrícola Comercial, 2001) y la segunda en Miradas para repensar el siglo XX: El Salvador 1880-1990. Historiografía contemporánea (MINED, 2018). Esta vez, el texto presenta capítulos nuevos y ajustes en algunos de los originales, manteniendo el propósito que animó la investigación, esto es, indagar en un periodo histórico, procurando hacerlo con rigor, para presentar propuestas de interpretación que den algunas pistas sobre las razones por las que algunos aspectos de la dictadura y el General dejaron una marca tan profunda en el siglo.  

[2020]

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