El Salvador: el eslabón más pequeño

RAFAEL MENJÍVAR LARÍN

 

«Manifestaciones que desafían a las balas, balas que desafían manifestaciones; tomas de embajadas, tomas de Iglesias; buses quemados, “sistemas radiales de buses”; asesinatos en plena vía pública, asesinatos clandestinos; ofensiva de las organizaciones político militares, terrorismo de las organizaciones paramilitares; un sistema judicial testigo mudo de la violencia; medios de comunicación que cotidianamente realizan la acción informar, pero cuyo contenido no informa; persecución sindical, persecución religiosa…»

Es un informe proveniente del interior de El Salvador. La crisis del aparato del Estado y de los partidos en el poder ante su pérdida definitiva de «credibilidad», y ante el crecimiento de una protesta generalizada y combativa del pueblo, ha puesto a la defensiva al Departamento de Estado norteamericano, que busca alianzas, el reemplazo del gobernante o el golpe militar, esto último como medida extrema y desesperada.

     Entretanto, importantes inversiones industriales extranjeras cierran sus plantas y se trasladan, en medio de la fuga de capitales y la emigración de contingentes familiares de la alta burguesía, a Miami. El derrumbe de Somoza y el triunfo sandinista en Nicaragua es el argumento sin respuesta.

     La prensa norteamericana se hace eco de todos los presagios del derrumbe. ¿Es el «periodismo» ávido de la noticia sensacional o, en el fondo, una jugada política para preparar el terreno dentro de Estados Unidos, para una intervención abierta?

     Por parte de quienes buscan en El Salvador el golpe militar y que son en definitiva los herederos de la espantosa masacre del 32, la respuesta a la pregunta debiera ser la que los favorece. Pero no están seguros. Las posturas en Washington están divididas, reproduciéndose el problema que se planteó ante la insurrección sandinista en Nicaragua. Y, frente al desenlace nicaragüense, el temor cierto a la propagación del incendio a toda Centroamérica no salva las inmensas dificultades y la imprevisibilidad de las consecuencias de un retorno a los viejos métodos, al viejo juego, a lo que fue Guatemala o la República Dominicana. La OEA es otra. Panamá es otra. Ya se sabe los términos en que se sitúa México. Y Cuba no estaría, por lo que sea su natural actitud discreta, tan atada de manos ante la eventualidad de una conflagración semejante.

     Pero tampoco es posible la traslación mecánica de la explicación del proceso revolucionario nicaragüense a la coyuntura salvadoreña, desconociendo una historia y un proceso de politización y lucha totalmente diferentes. La idea de que en pleno vacío se hubiese producido una explosión en todo el Istmo, solo anota la simultaneidad de la maduración de unos procesos que se ignoraban.

     En fin, el que la América Central se adelante —con Nicaragua, El Salvador y Guatemala— junto al Caribe —con Cuba— en el conjunto del mundo latinoamericano, no es, como lo han señalado ya muchos (James, 1938 y Cueva, 1979), tan inexplicable. Precisamente porque el tipo de desarrollo capitalista de la región ha acumulado por décadas «una constelación muy particular de contradicciones insalvables, que terminan por convertir a estos países en verdaderos eslabones débiles de la cadena imperialista mundial; puntos de ‘condensación’, en donde, a las contradicciones actuales del capitalismo, se suman las de fases a instancias anteriores, incluyendo las enormes secuelas del precapitalismo, y en donde la propia ‘cuestión nacional’ no ha sido todavía resuelta, en razón de la misma situación colonial, semi-colonial o de dependencia a secas».

     En la presente crisis del capitalismo, esas contradicciones se han profundizado, y las formas de dominación fundamentadas en la fuerza más que en el consenso, que han caracterizado en mayor o menor grado a la casi totalidad de los países centroamericanos, se han encontrado enfrentados a organizaciones revolucionarias que, después de un largo proceso político, han logrado decantar múltiples experiencias y formas de lucha no solo de la región sino de otros países del continente.

     Por otra parte, si se considera el papel que tanto Centroamérica como el Caribe han jugado y juegan en la estrategia de dominación del imperialismo, lo que allí sucede se revierte como elemento muy importante en el proceso revolucionario latinoamericano. En este sentido es interesante registrar los bruscos virajes que la política Trilateral ha venido dando, en un tiempo un poco menor de tres años, desde los esquemas trazados en 1976, a partir de una valorización decreciente de América Latina por parte de Estados Unidos —todo ello en base a consideraciones económicas y a la «ausencia de peligros ciertos y propagación de experiencias socialistas o radicales en el área» (Maira y Rico, 1977).

 

El Pulgarcito de América

Gabriela Mistral bautizó cariñosa y alegóricamente a El Salvador como «el Pulgarcito de América»: escasos 20 000 kilómetros cuadrados y cerca de cinco millones de habitantes.

     Su población, en sus orígenes una simbiosis de pipiles —inmigrantes toltecas— y mayas, en el tiempo de la Independencia era, a diferencia del resto de los países centroamericanos, en su casi totalidad mestiza. Prácticamente sin una frontera agrícola en ese momento, el problema de sobrepoblación que ya entonces se sentía se vio agravado por la posterior expropiación de ejidos y comunidades, hasta llegar a la densidad actual de 250 habitantes por km2, varias veces mayor que la de cualquier otro país latinoamericano continental.

     Superado el primer período republicano, llamado, como en muchos países de la América Latina, de «anarquía», en la segunda mitad del siglo pasado el desarrollo salvadoreño asumió características propias que diferenciaron al país en la región centroamericana.

     Un primer aspecto diferenciador fue la velocidad e intensidad de la llamada «reforma liberal». En apenas 30 o 40 años se modificó totalmente la estructura económica colonial, íntimamente ligada a la explotación del añil. El 40 o 50 por ciento del territorio, cubierto por ejidos y comunidades indígenas, se convirtió en propiedad privada, en su mayoría concentrada en manos de los cafetaleros y hacendados tradicionales. Contrasta la velocidad del proceso con la relativa lentitud que él tuvo en el caso guatemalteco, su discontinuidad —por la intervención militar norteamericana— en el caso de Nicaragua, o su precariedad, a consecuencia de los «enclaves», en el caso hondureño. El proceso se encaminó —dada la escasa significación de la propiedad eclesiástica— contra la tierra de productores directos, mientras en Guatemala y México, para poner dos ejemplos cercanos, se dirigió primero contra los bienes de «manos muertas».

     Esto permite explicar el relativamente rápido avance de las relaciones mercantiles y capitalistas de producción, el acelerado desarrollo del proletariado y semiproletariado rurales; la presencia de un amplio y flexible ejército laboral de reserva; el problema de sobrepoblación y las constantes migraciones, especialmente a Honduras. A ello se agrega la consolidación de una oligarquía muy fuerte y la intensidad de una lucha de clases que se manifestará en todo su rigor en el movimiento insurreccional de 1932.

     No se dan los enfrentamientos entre «liberales» y «conservadores» que se conocen en Guatemala, pues la prolongación de la economía semi-industrial añilera hasta 1872, en desarrollo paralelo con la economía agroexportadora cafetalera, hace coincidir los intereses de unos y otros: un elemento más para explicar el monolitismo —una vez resuelto el problema de las oligarquías provinciales— de la clase dominante.

     El Salvador no es un país bananero ni hay enclaves mineros. La ausencia de enclaves se debe fundamentalmente a su ubicación geográfica en el Pacífico. La inversión extranjera es de relativamente poca significación hasta mediados de este siglo.

     En cifras, en 1897, el total de inversiones norteamericanas en la región ascendía a 4.4 millones de dólares, y ninguna se ubicaba en El Salvador; en 1908, la parte correspondiente a El Salvador, en el total, era de 5.7%; en 1914, era del 8.6%; en 1919, el 13.3%, y en 1929, ascendiendo el total a 80.6 millones de dólares, El Salvador participa solo con el 12.3%. Y esta situación se mantiene hasta 1944, ya que el dictador Hernández Martínez, en los 13 años que gobierna, se niega a aceptar ningún crédito.

     La no existencia de enclaves permite también cierta articulación interna de su economía, en contraste particularmente con lo que se da en Honduras. Esto también favorecerá la definición de las clases y sus fracciones.

     La historia económica y política de El Salvador es, pues, en gran medida, la historia en un proceso social interno. El Salvador es el eslabón más pequeño, y protegido, del tramo centroamericano de la cadena. Esa es su apariencia, que oculta la fuerza de su proceso social. De ahí lo acertado de su apodo poético de «Pulgarcito».

     Las primeras manifestaciones, relacionadas con el proceso de expropiación de las tierras comunales, son verdaderas jacqueries, en 1872, en 1875, en 1885 y en 1898. Solo en 1922 se producen las primeras huelgas.

     Las contradicciones dentro de la oligarquía comienzan a darse en 1911, en torno al claro desplazamiento del eje imperialista, de Inglaterra a Estados Unidos y Alemania, y a la diversificación del aparato productivo. En un período marcado en varios países cercanos por los magnicidios y desplazamientos del poder, el asesinato del presidente Araujo en 1913 —tan explicable como el desplazamiento de Zelaya en la vecina Nicaragua, por su lucha contra los intereses canaleros de Estados Unidos— permite la entronización de la llamada «dinastía» Quiñónez-Meléndez (1913-1931), en la que se alternaron Quiñónez y Meléndez, fracción norteamericanizante que conflige con el sector agroexportador tradicional. En este conflicto interno de la clase dominante se apela a artesanos, a asalariados y a campesinos, prometiéndoles tierras y mejoras salariales.

     Así, los intereses encontrados, de hegemonía y de lucro, de los poseedores, aceleran los procesos de toma de conciencia y organización de los desposeídos, hasta el momento de la crisis mundial.

     Por lo demás, como señalara el escritor Roque Dalton, a nivel de «cultura nacional» las clases explotadas han ido integrando su tradición comunitaria y, simultáneamente, revolucionaria agrarista, con una visión antiimperialista reforzada principalmente por los «ecos» de la Revolución Mexicana, de la Revolución Rusa y de la lucha de Sandino contra los marines. Sumándose a ello lo que él mismo llama el carácter embrionario, caótico y atrasado del proceso de toma de conciencia revolucionaria de los militantes marxistas del país.

     En la década del veinte, a partir de la descomposición del artesanado, del campesinado, del reforzamiento del movimiento obrero, del proletariado y semi-proletariado rurales, y la fundación en 1924 de la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador, hasta la fundación en 1930 del Partido Comunista de El Salvador, se catalizan todos los elementos del enfrentamiento de 1932.

     En 1932, la Regional de Trabajadores alcanzaba unos 75 000 afiliados y un amplio radio de influencia.

     Ya en 1931, golpeado el país por todos los efectos que en la mayor parte de la América Latina tuvo la crisis mundial, el presidente Arturo Araujo, que accede al poder en las únicas elecciones libres que ha conocido el país, se mueve en un vacío absoluto de poder, sin lograr cumplir con las promesas hechas a obreros y a campesinos y teniendo que enfrentar la abierta hostilidad de la oligarquía, que veía en él un peligro mayor que en el candidato de la dinastía Quiñónez-Meléndez. Abandonado por ambos sectores de poder sin cuadros burocráticos, con una oposición creciente del Partido Comunista y de la pequeña burguesía, cae en diciembre de ese año bajo un golpe militar que instituye primero un Directorio, tras el cual está un general, Maximiliano Hernández Martínez, ex-candidato a la Presidencia contra Araujo y posteriormente su Ministro de Defensa.

     Hernández Martínez, que gobernará hasta 1944, parece ser el hombre elegido.   Asume la Presidencia enfrentando: la oposición del laborismo, encabezado por Araujo, que pretende una invasión desde Guatemala; la oposición del Partido Comunista que ha calificado la situación como revolucionaria y se encamina al asalto del poder para implantar una democracia burguesa hegemonizada por el proletariado; la crisis económica; la falta de reconocimiento internacional, especialmente de los Estados Unidos, atrapados en el Tratado de Washington de 1923 contra los gobiernos centroamericanos surgidos de golpes militares; y la falta de apoyo social, no obstante el renuente beneplácito de la oligarquía por el derrocamiento de Araujo.

     Pero H. Martínez —como él firmaba—, conocedor de la situación insurreccional en marcha, desarrolla todo un abanico de acciones provocativas, desde el fraude electoral y el encarcelamiento de candidatos y dirigentes políticos hasta la disolución violenta de las manifestaciones. Y, al mismo tiempo, concede la legalización del Partido Comunista y su participación electoral, haciéndolo salir a la superficie.

     La debilidad orgánica del Partido Comunista recién fundado es grande. Es una organización sobrepasada por las masas. Pero es consecuente. Ha señalado ya fecha para el levantamiento, en medio de grandes discusiones sobre incluso, la necesidad de detenerlo ante el evidente conocimiento del gobierno.

     La suerte está echada, y el levantamiento se realiza el 21 de enero de 1932.

 

El espectro del 32

La insurrección dura pocas semanas y se concentra especialmente en la zona centro-occidental del país. Se crean «soviets» en los principales centros insurreccionales.

     A la postre, todo indica que las acciones represivas de Hernández Martínez, siempre limitadas antes del levantamiento, estuvieron dirigidas más que por el afán de hacer imposible la insurrección, por la intención precisamente de precipitarla, para aplastarla con un golpe seco y abrumador y consolidar así, definitivamente, su poder.

     Anticipando lo que se daría 47 años más tarde en Nicaragua, tanto las guardias blancas o grupos para-militares organizados por los cafetaleros como el Ejército fusilarían in situ, de acuerdo con un decreto de Maximiliano Hernández, a los hombres mayores de 18 años que no portaran la «cédula patriótica».

     Si las operaciones en el momento del levantamiento arrojaron un número de muertos cercanos a los 4.000, en las tres semanas posteriores, ya dominada la rebelión, ese número asciende verticalmente, por la masacre de los campesinos, a 30 o 40 000 o sea un 4% de la población.

     Cientos de miles de campesinos huyen a los países vecinos, especialmente a Honduras, país montañoso muchas veces mayor que El Salvador y con una población que es la mitad de la salvadoreña.

     El beneplácito de Estados Unidos ante esta batalla librada contra el «comunismo» lo hace pasar por sobre el tratado que él había forzado en 1923 para reconocer a Hernández Martínez, dando paso a la entronización de las tiranías militares en Centroamérica que garantizarían definitivamente sus intereses.

     Hernández Martínez, personaje digno de la pluma de Asturias, Roa Bastos, Carpentier y García Márquez, establece su permanente reelección mediante una reforma constitucional cuyo considerando dice: «por esta y última vez…».

     El movimiento obrero está terminado legal y físicamente, permitiéndose solo la existencia de mutuales dirigidas por los patronos, y en 1935 el presidente crea el partido oficial Pro-Patria, con la burocracia estatal y con elementos de las capas medias, especialmente profesionales.

     La dictadura de Hernández Martínez coincide con la de Ubico en Guatemala (1931-1944), con la de Anastasio Somoza García en Nicaragua y con la de Tiburcio Carias Andino en Honduras (1933-1949), y su carácter represivo total es el mismo: control de la prensa, control del movimiento de la población —mediante las famosas «Cédulas de Defensa Patriótica Nacional»—, Ley Agraria a favor de los terratenientes, prohibición hasta de la palabra sindicato, y un desarrollo sin precedente del Ejército.

     Roque Dalton escribió: «Todos los salvadoreños que hemos nacido después de 1932, hemos nacido medio muertos, medio vivos». 1932, en efecto, es el fantasma que recorre El Salvador. «Nada es igual con 30 000 muertos a espaldas de cada salvadoreño» (Dalton, 1976).

     A partir de entonces, la clase dominante se convirtió en una «burguesía cretina, con vocación suicida» (Salazar Valiente, 1979); cualquier expresión de inconformidad de las clases dominadas es reprimida, sin la menor proporción, por el aparato militar a su servicio. Su filosofía es «todo o nada». Su ideología no se diferencia de las argumentaciones del general Maximiliano Hernández Martínez, algunos de cuyos pasajes antológicos es imposible no reproducir:

Es bueno que los niños anden descalzos. Así reciben mejor los efluvios benéficos del planeta, las vibraciones de la tierra. Las plantas y los animales no usan zapatos. […] Los biólogos solo han descubierto cinco sentidos. Pero en realidad existen diez: hambre, sed procreación, micción y movimiento intestinal, son los sentidos no incluidos en la lista de los biólogos. […] Es un crimen más grande matar a una hormiga que a un hombre, porque el hombre al morir se reencarna, mientras que la hormiga muere definitivamente. (Dalton, 1976).

     El aspecto de alucinación literaria, y de folclor, de este tipo de dictador, tantas veces repetido, permitió a las clases cultivadas en todo el Occidente, escudarse en su conciencia frente al hecho terrible de su criminalidad genocida, y de la congruencia de esa criminalidad con las razones heladas de la explotación y de la fuerza blandidas en todas partes por la empresa de las metrópolis. De ahí las imágenes de las «repúblicas bananeras», de las «repúblicas de opereta», de las «repúblicas tropicales». Como un biombo decorativo, estos juicios alegres o maliciosos ocultaron la historia y la lucha heroica de los pueblos centroamericanos. Ni le bastó al Occidente la opereta mayor de Hitler (El gran dictador de Chaplin) para percibir el fondo del problema. Incluso en la América Latina, los países más orgullosos de su desarrollo político y cultural tendrían que esperar su turno para comenzar a comprender.

     Martínez es derrocado en 1944 por un movimiento de la burguesía industrializante. El Partido Comunista participa débilmente en este movimiento. No logrando articularse, pasa a las tesis etapistas, pacifistas, de apoyo a la transformación burguesa en contra del «feudalismo» de la vieja oligarquía. Propugna el desarrollo armónico y la lucha electoral.

 

La guerra con Honduras: ¿fútbol?

La guerra de El Salvador con Honduras de 1969, llamada —y ridiculizada con ese nombre, congruente con las imágenes de las «repúblicas bananeras»— «la guerra por el fútbol», no fue, por cierto, una guerra por el fútbol ni fue como se ha pretendido, la causa de la crisis del Mercado Común Centroamericano, sino un efecto de ella.

     En el mapa económico de Centroamérica, eran fácilmente distinguibles dos situaciones; por un lado, la de Guatemala y El Salvador, cuyo desarrollo industrial se apoyaba en el mercado que encontraban en los demás países, donde ese desarrollo era menor: Honduras, Nicaragua y hasta cierto punto Costa Rica. Las repúblicas exportadoras de banano y cereales, en donde la United Fruit tenía un interés directo mayor eran, en primer lugar, Honduras, luego Costa Rica, y por último Guatemala.

     Ya se sabe: puertos y muelles, la energía eléctrica, los ferrocarriles, tierras, fábricas de aceite, jabón y velas, en el caso de Honduras, los transportes terrestres, teléfonos y telégrafos, distribución de alimentos, formaban el imperio de la «Mamita Yunai» (United Fruit Co.), que a partir de 1950 se convierte en una transnacional que va dejando los enclaves para encargarse de la comercialización y transporte del banano, y operando en otras actividades que van desde supermercados, enlatados y exportación de flores hasta compañías financieras e hipotecarias.

     A la United Fruit se suman, en la región, alrededor de 80 de las 100 más importantes transnacionales norteamericanas, ubicándose particularmente en el sector industrial.

     Estos intereses se articulan con los de las burguesías guatemalteca y salvadoreña para conformar lo que, en definitiva, a partir de 1960, constituye el Mercado Común Centroamericano.

     En ese marco, la burguesía salvadoreña copa con su producción el mercado de Honduras, que continúa siendo fundamentalmente agroexportador, con la excepción de una pequeña burguesía de San Pedro Sula que no logra hacerse un espacio en los marcos del libre-comercio.

     Honduras se defiende, iniciando una campaña contra los productos salvadoreños, negándose a renovar el tratado migratorio existente, congelando el capital salvadoreño invertido en Honduras, aprobando una Ley de Reforma Agraria en vista a impulsar un nuevo tipo de economía y crear un mercado interior, y, como forma de iniciarla, quitando la tierra y expulsando del país a cientos de miles de inmigrantes salvadoreños, cuyo origen se remontaba a los que huyeron de la persecución contra el campesinado desalada por Hernández Martínez en 1932.

     Esto planteó un problema de fondo a la burguesía salvadoreña; se le cerraba, por un lado, el mercado más importante para sus productos industriales y, por otro, se le cerraba también la «válvula de escape» al problema demográfico del país.

     Pero el aspecto más importante de esta guerra entre las burguesías de ambos países, en cuyo juego intervenía el capital extranjero, fueron sus efectos en los procesos políticos tanto de Honduras como de El Salvador.

     En el caso salvadoreño, a pesar de la rápida recuperación que logró su burguesía en lo que se refería a las exportaciones de manufacturas y semi-manufacturas tradicionalmente absorbidas por el mercado hondureño, y que ella logra lanzar hacia países europeos y Estados Unidos, se presenta el problema nuevo de controlar una gravísima crisis política.

     Entre los factores que llevan a ella, está el impacto político inmediato que significó el retorno obligado de los campesinos y asalariados rurales de las bananeras hondureñas, que ante la falta de cumplimiento de los ofrecimientos del gobierno salvadoreño para brindarles tierra —y quien, por el contrario, los concentra en verdaderos campos de refugiados—, comienza una serie de protestas y manifestaciones públicas. Por primera vez, desde 1932, vuelve a verse al campesinado invadiendo las ciudades.

     Ante ello, el gobierno de Fidel Sánchez los dispersa en todo el territorio, haciéndolos retornar a sus lugares ancestrales de origen con los que ya no tenían nexos. La protesta entonces, y la experiencia de lucha adquirida sobre todo en las bananeras hondureñas, se riegan como semilla en todo El Salvador, sumándose a otros elementos políticos que se están configurando.

     Por otra parte, la guerra con Honduras agudiza una lucha ideológica en el seno de la izquierda, y que en el Partido Comunista se había iniciado ya.

 

Las fuerzas políticas

El partido oficialista Pro-Patria, creado en 1935 por Hernández Martínez y que desaparece con él en 1944, para reaparecer metamorfoseado en 1949 con el nombre de Partido Revolucionario de Unificación Democrática y volver a disolverse, había vuelto a aparecer en 1961, con el nuevo nombre de Partido de Conciliación Nacional (PCN).

     Hasta la década del sesenta, la Iglesia es un claro aliado. Su apoyo se hace manifiesto mediante organizaciones como los Caballeros de Cristo Rey, formada por campesinos, y que se articulan con los reservistas organizados por el gobierno en patrullas cantonales, germen de la Organización Democrática Nacionalista, organismo paramilitar creado en la década del sesenta y del cual el presidente de la república es comandante general.

     Pero también en la década del sesenta, a raíz del triunfo de la Revolución Cubana y de la lucha contra Lemus, se inicia en el seno del Partido Comunista un viraje, muy fluctuante, y paradójico, en su línea de acción. AI adoptarse la lucha armada como forma para la toma del poder predomina en él una concepción foquista sobre una integralizadora que se pronuncia por una estrategia de luchas paralelas, armada y de masas. Resultado de este proceso interno es la formación, en 1962, del Frente Unido de Acción Revolucionaria (FUAR), que reúne a obreros y a capas medias, y que tres años después se va desintegrando, sin haber disparado un tiro. Se llega a una revisión de la línea, aprobando la integralista, pero de hecho volviendo al trabajo sindical, prácticamente abandonado.

     El movimiento obrero cobra nuevamente auge, aunque en su seno se reproduce nuevamente la discusión en torno al carácter del trabajo en el mismo. El sector integralista impulsa el movimiento huelguístico, que alcanza sus mayores expresiones en las huelgas de Acero, S.A., en 1967, y en las de transporte y maestros en 1968, que arrastran prácticamente a toda la clase obrera. Ello produce enfrentamientos con la posición anteriormente foquista, que ya ha dejado de serlo y en el momento es claramente sindicalista, al considerar a esas huelgas peligrosas, porque ponen a la clase obrera en oposición frontal con el Gobierno, con lo que se arriesga el trabajo de acumulación de fuerzas que ha sido la línea del partido. En tal coyuntura se produce la guerra con Honduras, en la que los sindicalistas apoyan al Gobierno. Después de grandes discusiones, se produce el retiro de la minoría que crea las Fuerzas Populares de Liberación—FPL— «Farabundo Martí». Es un núcleo obrero. No son anti-partido. Al adoptar el nombre de Farabundo Martí, que fuera secretario de Augusto C. Sandino y también secretario general del Partido Comunista de El Salvador en la insurrección del 32 —y entonces capturado y fusilado—, reconocen el papel consecuente jugado por el Partido en sus orígenes. Pero sí son anti-dirección.

     Aún no es todo. También en 1970, se forma el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), con elementos cristianos radicalizados de la pequeña burguesía. El ERP se dividirá en 1975, a raíz de divergencias que culminan con el asesinato de Roque Dalton, apareciendo la Resistencia Nacional (RN).

     El cuadro político de El Salvador hasta 1974 se compone, así, de tres partes bien demarcadas: la constituida por el régimen y expresada en el PCN; la constituida por la izquierda y el centro que forma la Unión Nacional Opositora (UNO), y en la que se hayan electoralmente la Unión Democrática Nacionalista, la Democracia Cristiana y el Movimiento Nacional Revolucionario, socialdemócrata; y la constituida por el ERP, las FPL y la RN.

     Este cuadro es el resultado de toda una historia y una lucha; de concepciones de avance y de defensa; de actitudes de oposición y de combate; de alianzas, identificaciones de clases, y recursos a apoyos exteriores; pero desarrolladas no sobre un continuo uniforme sino sobre grandes acontecimientos, como fuera la masacre del 32 y sus secuelas; en las contradicciones internas de un dominio tiránico abocado también él al problema de su sobrevivencia en base a la represión y a un avance difícil. Nada, pues, más lejano a la imagen fácil de una república bananera sin bananos.

     Y, en todo ello, se destaca el surgimiento de ese nuevo elemento perturbador que consiste en la participación de sectores del clero en la organización de movimientos campesinos cristianos revolucionarios. Paso decisivo en la lucha del pueblo, que siempre tuvo que enfrentar una Iglesia monolíticamente conservadora, al servicio de la ideología de la clase dominante. Por lo mismo, esto conmoverá toda la estructura eclesiástica en su interior, hasta el cierre del Seminario. Esto llevará también a la persecución de una parte de la Iglesia, a los asesinatos, los exilios, las expulsiones y las torturas.

     Las elecciones presidenciales de 1972, de alcaldes y diputados de 1974 y las presidenciales de 1977, puntean el proceso.

     En las elecciones de 1972 el desmesurado fraude electoral a favor del partido oficial, el PCN, y en contra de la UNO, marca un punto de quiebre definitivo. Porque «el pueblo derrota a la burguesía en su propio campo, pero al mismo tiempo la burguesía termina derrotando al revisionismo en sus aspiraciones electorales» (Resistencia Nacional, s/f). A raíz de tal fraude, un sector del Ejército uniéndose a elementos civiles intenta un contra-golpe. Este movimiento se frustra, entre otros factores, por la participación del Consejo de Defensa Centroamericano, claramente liderado por Somoza.

     Se origina una inmediata represión contra los miembros de los partidos políticos, cuyos directivos son exiliados; a la que sigue, hasta 1975, la ocupación militar y cierre por casi dos años de la Universidad Nacional, la toma de organizaciones sindicales y el encarcelamiento y exilio de sus dirigentes, igual que con las asociaciones gremiales. Se inicia, asimismo, la persecución contra el campesinado y la Iglesia, operaciones que alcanzarán su punto álgido en 1976.

     Esas acciones, sumadas al nuevo fraude y represión en las elecciones de 1974, tienen una reacción en el nivel político de gran trascendencia. En efecto, surgen importantes frentes de masas, integrados por alianzas de asalariados, campesinado y capas medias, con diferentes tácticas y estrategias. El primero, el Bloque Popular Revolucionario, que adopta la línea de lucha popular prolongada, ligando las demandas gremiales a las políticas. Otro, el Frente de Acción Popular Unificada, de similar composición. A los anteriores se sumarían en 1977, las Ligas Populares 28 de Febrero.

     El Gobierno no ignoraba entonces las causas y posibles resultados tanto de la lucha popular, como de las formas feroces de dominación que ha impuesto. Para «soltar presión» y crear condiciones para la introducción del capital extranjero en el sector agrario, emitió el 29 de junio de 1976 un decreto creando un primer proyecto de transformación agraria, que cubría apenas 4% de la superficie del país. El proyecto es fuertemente atacado por la burguesía agroexportadora y defendido, aunque tibiamente ante la composición de fuerzas, por la burguesía industrial, ligada al capital transnacional.

     Molina, que ya ha nombrado a Carlos Humberto Romero como su sucesor, es prácticamente desplazado del poder, mientras este último se constituye en la garantía de que el proyecto no será llevado adelante.

     En medio de una fuerte persecución de la Iglesia, la UNO se presenta nuevamente a las elecciones presidenciales de 1977. El fraude y la represión vuelven a repetirse, en medio del estado de sitio nuevamente decretado. El proceso, en medio de los vaivenes de la política Carter, se desarrolla dentro de la mayor violencia de parte del Gobierno y de sus órganos militares y paramilitares, que recrudecen en forma especial los cercos contra zonas rurales, que llegan a alcanzar 1000 km2. Todos estos hechos, sumados a las desapariciones de presos políticos y a los asesinatos, son plenamente comprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que visita el país en 1978.      Desde luego, el informe es impugnado por el Gobierno, posición que sin duda mantendrá en la reunión próxima de la OEA, si es que el informe es estudiado.

 

Coyunturas y perspectivas

El año de 1979, en lo que lleva transcurrido, ha sido un lapso en que la lucha de clases se ha recrudecido. Sobre la represión gubernamental la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador ha recogido los siguientes datos de enero a junio: 192 personas asesinadas por causas políticas, 214 encarceladas por las mismas razones, 126 desaparecidos, sin contar heridos. Esta cifra, según últimos informes, se ha triplicado solo en el término del mes que corre del 15 de agosto al 15 de septiembre.

      Si durante el tiempo anterior a la presente década, y especialmente a los últimos cinco años, la represión, adornada para lo externo con la celebración de elecciones, permitió el funcionamiento del modelo económico, basado en la explotación de las clases asalariadas y campesinas, el grado de organización y la combinación de las formas de lucha en los últimos tiempos ha derivado en una crisis de ese modelo y en la imposibilidad de montar uno nuevo de acuerdo al cambiante sistema de acumulación de capital. Las huelgas de febrero a abril del presente año en industrias y servicios públicos, con el apoyo activo de las organizaciones y del pueblo en general; las luchas del campesinado que se han manifestado en quemas, tomas de tierra, tomas de ministerios, embajadas, etcétera; las demandas salariales de las capas medias; la insurgencia manifiesta de la población en general y los resultados de la lucha político-militar, han quebrado el sistema de dominación y afectado la economía.

     Esta situación, que se agrava día a día, ha llevado a la burguesía

—coincidiendo con la lucha interna que se desarrolla en el nivel de los organismos de poder norteamericanos, especialmente a raíz del proceso nicaragüense— a tomar dos alternativas para mediatizar o destruir el movimiento revolucionario, respectivamente: la «aperturista» o de «democracia restringida» y la de profundización de la represión para terminar con todo movimiento popular.

     La primera, que en los últimos tiempos han venido planteando con insistencia los empresarios industriales contra las posiciones de la otra fracción, se vio reforzada por la visita, a principios de agosto, de Virón Vaky a El Salvador, Guatemala y Honduras, como consecuencia de las posiciones encontradas de la Casa Blanca, por un lado, y la CIA y el Pentágono por otro.

     Mientras Vaky sostenía la necesidad de la democratización y calificaba al gobierno de Romero como débil y represivo contra el pueblo, los otros organismos sostenían la necesidad de mantener la ayuda militar a las naciones centroamericanas «dominadas por regímenes castrenses de derecha» para evitar una «nicaragüización de la región».

     Los resultados de la vista de Vaky fueron evidentes a nivel del gobierno salvadoreño. Llama a un «diálogo nacional», que desde luego fracasa al ser rechazado por todas las fuerzas. En su último discurso al cumplir dos años de gobierno insiste en el diálogo y afirma que «la Fuerza Armada, consciente de su responsabilidad histórica y firmemente compenetrada de su mística republicana, garantiza a la ciudadanía el derecho constitucional del sufragio en las próximas elecciones…» (Mensaje presidencial del General Carlos Humberto Romero, 1º de julio de 1979). Anuncia la modificación del Consejo Central de Elecciones, da instrucciones para que se permita el retorno de los exiliados, pero continúa intensificando la represión contra los subversivos, cuyo problema es su «descomposición moral».

     La respuesta de los movimientos revolucionarios, a la que se suma el Partido Comunista al cambiar su línea táctica, al adoptar la vía insurreccional, en su último congreso, a principios de este año, es de rechazo. Se trataría, en definitiva, de mediatizar la lucha popular con procesos electorales en los que nadie cree.

     Si, como un conocido columnista afirmaba en la prensa mexicana, «Willy Brandt, en Vancouver, se permitía decir con la sonrisa en los labios que Carter es, al fin y al cabo, un socialdemócrata, pero subdesarrollado, lo que puede contestarse es que difícilmente la socialdemocracia representa una alternativa para Centroamérica» (Alponte, 1979), para el caso salvadoreño, ello ha de decirse de la Democracia Cristiana, que por su pasado poder electoral ha sido la alternativa escogida. Si «la Fuerza Armada» como ha dicho Romero «garantiza… el derecho constitucional al sufragio», como antes lo ha hecho, no se necesita ser muy perspicaz para recordar la experiencia de Julio Méndez Montenegro en Guatemala, que ascendió al poder solo mediante un pacto con el Ejército, que permitió la mayor masacre en la historia de dicho país, no obstante la calidad de «viable» que se le quiso dar a su período.

     Eso sobre el supuesto de que el Ejército cediera la Presidencia, cosa sumamente difícil de esperar después de casi cuarenta y ocho años en su ejercicio.

     La situación, prácticamente de guerra civil, no implica necesariamente resultados inmediatos. Los condicionantes históricos mismos y las características de la lucha de clases plantean una situación distinta a otros países, incluso de la región. Ello obliga a las fuerzas revolucionarias a continuar con decisión, pero con cautela, impidiendo maniobras abortivas que puedan retrasar la lucha por la liberación, por la democracia.

Septiembre 15 de 1979

 

Bibliografía

     ALPONTE, J. M. (1979). Uno más Uno. México, D.F., 8 de agosto.

     CUEVA, A. (1979). El desarrollo del capitalismo en América Latina y la cuestión del Estado. Apuntes para una discusión, Mimeografiado, México, D.F.

     DALTON, R. (1976). Las historias prohibidas de El Pulgarcito. México, D.F.: Siglo XXI Editores.

    JAMES, C. L. R. (1938). From Taussaint Louverture to Fidel Castro, [apéndice en] The Black Jacobins. Londres: Secker & Warburg Ltd.

     MAIRA, L. y Rico, C. (1977). Estados Unidos y América Latina. Cuadernos Semestrales del CIDE, No. 1, México, D.F.

     RESISTENCIA NACIONAL (s/f). Por la causa proletaria. San José: s/d.

     SALAZAR Valiente, M. (1979). Los últimos cincuenta años de la historia salvadoreña, Cincuenta años de historia latinoamericana (P. González Casanova, coord..), Vol. II. México, D.F.: Siglo XXI Editores.

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